La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de Marzo, a pesar de las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la jueza del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia contra José Manuel Franco y acordó la práctica de diligencias para comenzar la instrucción.
Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre esta causa, por lo que explica en su escrito que "esta circunstancia obedece" a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
"Los delegados del Gobierno no tienen competencias sanitarias"
En su recurso, al que ha tenido acceso El PLural, la Fiscalía analiza los motivos por los cuales "puede afirmarse que la conducta del investigado no reúne ninguno de los elementos constitutivos de este tipo penal", en referencia al delito de prevaricación administrativa.
El Ministerio Público considera que "el investigado no sólo no ha dictado resolución alguna, sino que su comportamiento no ha incurrido en
ningún tipo de arbitrariedad, en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".
El recurso de la Fiscalía recuerda que "resulta sumamente relevante precisar que los Delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria", por lo que "no resultaría, pues, razonable, exigir al Delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica correspondían a otro órgano administrativo".
José Manuel Franco declara el miércoles como imputado
José Manuel Franco debe declarar este miércoles ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
La declaración del dirigente socialista tendrá lugar a partir de las 15.30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, de forma presencial. Su comparecencia ante la jueza llegará después de conocerse el segundo informe de la Guardia Civil, en el que se asegura que la Delegación del Gobierno de Madrid tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde "mediados de febrero", cuando los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya comenzaron a reunirse para adoptar medidas concretas para evitar contagios entre el personal. Además, que funcionarios de la Delegación del Gobierno habrían realizado llamadas telefónicas para instar a suspender otras manifestaciones.
La Guardia Civil también cuestiona que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón,no pusiera en práctica una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus, recibida el 2 de marzo.
Todo ello contrasta con el argumento de la Delegación del Gobierno, que defiende que no tuvo alerta sobre el riesgo de contagio por el virus hasta el pasado 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria.
