La Fiscalía se ha opuesto este jueves a adoptar la última medida del juez Juan Carlos Peinado en su instrucción judicial. El Ministerio Público ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos de la cuenta oficial de Presidencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde julio de 2018 -cuando se acordó el nombramiento de su asesora en Moncloa- hasta ahora.
El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación contra la providencia que dictó el juez Juan Carlos Peinado el pasado 3 de septiembre en la que ordenó dicha diligencia a los agentes del Instituto Armado al considerar que es "absolutamente desmesurada".
Para el fiscal, la medida afecta "indudablemente" a "la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y en definitiva al derecho al entorno virtual de la persona afectada": "Es decir, se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos", apunta, e incide en que por ello la diligencia se debió dictar a través de un auto y no una providencia.
En este punto, además, recuerda que la propia Audiencia de Madrid ya ha avisado en ocasiones anteriores al juez Peinado de que determinadas decisiones deben dictarse a través de auto.
Con todo, la Fiscalía sostiene que la decisión del instructor "adolece de la más elemental motivación" y recalca que para acordar una diligencia de este tipo "es preciso" explicar por qué se adopta y con qué finalidad.
En este caso, considera que "la ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad". Y pregunta: "¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado? (...) ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida".
El recurso de la Fiscalía se suma al que presentó la defensa de Begoña Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, que también pidió a la Audiencia de Madrid frenar el análisis de los correos.
Peinado también lo reclamó a la Complutense
El magistrado instructor de la causa requirió este miércoles los correos también a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para que entregase en un plazo de 10 días "todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria" a su asesora. Peinado reclamó los correos a la UCM a petición de la acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír, que reclamaban los "más de cien correos electrónicos" a los que el exalto cargo de la UCM hizo referencia en su declaración como testigo en sede judicial.
Este miércoles, Gómez explicó las funciones que desempeña su asesora desde llevar su agenda hasta acompañarla a actos oficiales, y ha señalado que ésta le hizo algún "favor" en ocasiones muy excepcionales, como enviar un correo a Reale sobre el patrocinio de la cátedra que codirigía en la Complutense. Álvarez, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar.
