La Fiscalía de Menores ha abierto un expediente gubernativo, y la de Delitos de Odio diligencias de investigación, después de que el Gobierno de Aragón haya decidido quitar la paga semanal de los centros de acogida de menores solo para aquellos que sean migrantes, mientras que la mantendrán para los nacionales. La fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha sido la artífice de poner en marcha todos los mecanismos del Ministerio Publico, los de protección de los menores y los penales.
Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes del Ministerio Público, desde Fiscalía General del Estado consideran la medida como ilegal, además de tremendamente racista, por lo que la Fiscalía de Menores y la de Odio han dado un paso adelante para que, desde Zaragoza, se investigue lo sucedido, paso previo a la presentación de un demanda ya sea por la vía civil o por la contenciosa y una querella en el plano penal.
Dos investigaciones
Las fuentes consultadas han explicado que la Fiscalía de Menores ya ha abierto un expediente gubernativo para examinar el asunto. Y mandó un oficio a la sección de menores de Zaragoza para que determinara el alcance de las medidas discriminatorias como trámites de protección a los menores. De hecho, la Fiscalía de Menores de Zaragoza ha enviado ya un oficio a la Consejería para que aporte la resolución que aclare a qué menores afecta, y que aporte las razones que la justifique.
Por otro lado quienes sí ha abierto diligencias de investigación es la Fiscalía de Odio, en tanto que los hechos puedan constituir un delito de odio y discriminación hacia esos menores no acompañados tutelados por el gobierno de Aragón. Por tanto, se han abierto todas las vías posibles, pues Menores busca medidas de protección para los niños, mientras que la Fiscalía de Odio investiga si esto es delito.
El caso de Aragón
El Partido Popular y Vox empiezan a dar forma a la prioridad nacional, la doctrina racista de la ultraderecha, en los gobiernos autonómicos que conforman en coalición. Los primeros pasos formales ya se han dado en los presupuestos de la Comunidad Valenciana, pero el vicepresidente de Aragón y líder de la formación ultra en la región, Alejandro Nolasco, anunció que su primera aplicación en esa comunidad autónoma va a consistir en quitar la paga semanal de los centros de acogida de menores solo para aquellos que sean migrantes, mientras que la mantendrán para los nacionales. El Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha elevado esta cuestión a los tribunales, que ya se han puesto en marcha a través de la Fiscalía General del Estado.
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