Los primeros informes solicitados, tras la reapertura del caso, por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, sobre la implicación de la cúpula de ETA en el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, en 1997 han comenzazdo a llegar. El juez quería saber si la decisión del secuestro y posterior asesinato la tomó el comité ejecutivo, conocido como 'Zuba', de la banda terrorista y si estos pudieron evitar el crimen. La respuesta de la Ertzaintza ha sido afirmativa.
La Policía vasca dice en su informe que: "De este modo puede inferirse que ETA ha sido una organización
perfectamente estructurada, donde cada uno de sus componentes ha tenido una misión y se ha encontrado sometido à la disciplina y a las órdenes que "el Comité Ejecutivo" ha dictado en cada momento". De estas palabras se desprende que no solo tuvieron la capacidad de ordenar el asesinato, sino que haberlo impedido, pues eran ellos quienes daban las órdenes.
La querella se admitió contra Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias "Iñaki de Rentería" ("Aparato Militar"); José Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri” ("Aparato Militar"); María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias “Marisol”, también “Anboto” ("Aparato Militar-Legales"); Asier Oyarzabal Chapartegui, alias "Baltza" ("Aparato Militar-Legales"); Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias "Gadafi" ("Aparato Logístico"); Mikel Albisu Iriarte, alias "Mikel Antza" ("Aparato Político"); Vicente Goicoechea Barandiaran, alias "Willy" ("Aparato Político"); Jokin Echevarría Lagisquet ("Aparato Internacional") y Carlos Ibarguren Aguirre “Nervios” ("Aparato Tesorería").
El informe, aderlantado por La Razón, explica que la 'Zuba' era la que daba las “instrucciones precisas” sobre los atentados que se tenían que realiazr a los comandos operativos. Sobre los atentados cometidos, expone la Ertzaintza que la cúpula de la banda terrorista sabía de "antemano quién los ha cometido”.
Dentro del informe se hace referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que los tres magistrados dijeron que el crimen se cometió "siguiendo las instrucciones de la dirección". El fallo condenó a los autores materiales, Javier García Gaztelu, “Txapote”, que fue el exjefe militar de ETA, y a Irantzu Gallastegui a 50 años de cárcel.
