El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, viajara en breve a Francia para poder interrogar a varios miembros de ETA pertenecientes a la cúpula de la organización terrorista. Este viaje se enmarca dentro de la investigación abierta por el Jugado Central de Instrucción Número 6 para averiguar si los miembros del comité ejecutivo de ETA (ZUBA) en el momento de los hechos dieron la orden de asesinar al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, o bien si son responsables por omisión porque hubieran podido impedir de algún modo su asesinato durante las 48 horas que estuvo secuestrado.

La querella se admitió contra Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias "Iñaki de Rentería" ("Aparato Militar"); José Javier Arizcuren Ruiz, “Kantauri” ("Aparato Militar"); María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias “Marisol”, también “Anboto” ("Aparato Militar-Legales"); Asier Oyarzabal Chapartegui, alias "Baltza" ("Aparato Militar-Legales"); Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias "Gadafi" ("Aparato Logístico"); Mikel Albisu Iriarte, alias "Mikel Antza" ("Aparato Político"); Vicente Goicoechea Barandiaran, alias "Willy" ("Aparato Político"); Jokin Echevarría Lagisquet ("Aparato Internacional") y Carlos Ibarguren Aguirre “Nervios” ("Aparato Tesorería").

Los tres miembros de ETA a los que García-Castellón tomará declaración son Asier Oyarzabal Chapartegui, detenido en 2001 por la Policía Judicial francesa; Carlos Ibarguren Aguirre apresado en 1997 en San Juan de Luz (Francia) y Jokin Echevarría Lagisquet. Los tres se encuentran actualmente en el país galo, aunque Jokin Echevarría Lagisquet está en paradero desconocido

Informe de la Guardia Civil

Las declaraciones se tomarán mientras el magistrado espera la llegada de un informe pericial, ya solicitado, de inteligencia a la Guardia Civil en el que se plasmen todos los elementos documentales sobre el grado y la participación de los querellados en el comité ejecutivo de ETA en la época investigada.

Dicho informe se deberá detallar si se considera factible que ese comité y sus integrantes pudieron participar en la toma de decisión de esta acción terrorista o si pudieron haber impedido de algún modo el asesinato del concejal. El informe también deberá incluir otros elementos documentales relacionados con otras acciones terroristas contemporáneas al atentado para estudiar el modus operandi utilizado por ETA y su comité ejecutivo.

Comisión por omisión

Manuel García-Castellón conoce como pocas personas el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues fue el instructor de la causa en el año 1997, cuando ETA mató a este concejal tras tenerlo secuestrado durante todo un fin de semana. Un crimen que supuso un antes y un después de la forma de actuar del pueblo vasco. De hecho, fue la primera vez que todo Euskadi se echó a las calles para rechazar un asesinato de la banda terrorista, y la primera en la que se llegó incluso a quemar erriko tabernas y lugares cercanos a la izquierda abertzale como respuesta a este execrable crimen.

Es por eso que, en relación con la posible comisión por omisión, el juez señalaba en su auto de apertura del procedimiento que, en pocos casos como en este atentado, puede perfilarse con más nitidez esta figura penal, “pues quienes ejercían el liderazgo de la organización terrorista, el llamado Comité Ejecutivo, dispusieron de, al menos, cuarenta y ocho horas para detener la acción, pudiendo disponer en todo este tiempo, presuntamente, un dominio directo del hecho, en el marco de la organización, que permite, desde este momento procesal, iniciar una investigación para delimitar el alcance de sus responsabilidades”.

Hasta ahora, solo están condenados los autores materiales del crimen Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», Irantzu Gallastegui Sodupe, «Amaia», y José Luis Geresta Mujika, «Oker» o «Ttotto», todos miembros del comando Donosti de ETA.