El escrito de la Fiscalía Anticorrupción sobre la pieza número 9 del caso Púnica, la de la caja B del PP de Madrid, y que ha sido presentado en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional este martes, solo lleva la firma de uno de los tres fiscales que han intervenido. Así, ni Carmen García Cerdá ni Teresa Gálvez ha querido poner su rúbrica junto a la de Alejandro Cabaleiro. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes cercanas al Ministerio Público, los motivos han sido técnicos. De hecho, dos han sido los citados motivos: por un lado, que una de las fiscales sí creía que había materia suficiente para procesar al expresidente Ignacio González, que ha sido exonerado junto a Esperanza Aguirre por el Ministerio Público.

El segundo, la continuidad delictiva, que según Cabaleiro no existe, lo que ha llevado a archivar la parte referida a 2007 y 2008 por prescripción del delito, y que ha supuesto sacar de la causa a la gran mayoría de investigados. La fiscal que no ha firmado cree que sí existe continuidad, pero el encargado de hacer el escrito, Cabaleiro, no. Esta discrepancia se llevó ante la jefatura, con Alejandro Luzón a la cabeza y, como pasó con el caso Taula, se optó por no aplicar la continuidad en el caso de los procesos electorales.

En cuanto a cómo ha sido esas discrepancias y la ausencia de firmas, algunas fuentes explican que, "no tienen porqué firmar todos los fiscales que intervienen en una causa todos los escritos que se presentan". Pero, la realidad es que hace un mes, los tres firmaban la petición al juez para que diera más tiempo a Guillermo Ortega, uno de los imputados de presentar un escrito.

Discrepancias

No es la primera vez que Carmen García Cerdá tiene discrepancias con sus jefes. Si bien es cierto que, en esta ocasión, el asunto no ha llegado, ni por asomo, tan lejos como cuando Manuel Moix fue fiscal jefe de Anticorrupción y ambas, ante la negativa de Moix a dejarlas investigar cierta parte del caso Lezo, Cerdá y el fiscal Carlos Yáñez tuvieron que plantear lo que se llama 'un 27'.

Es decir, aplicar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dice: "El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".

En aquella ocasión, ambos ganaron la votación en la Junta de Fiscales y pudieron seguir con la investigación tal y como la planteaban desde un principio. Ahora, las fiscales de Púnica han decidido y, simplemente, no han firmado el escrito sin llevar el asunto más allá. Un escrito que deja fuera al 94% de las personas que podrían haberse sentado en el banquillo, pues como dice la nota de prensa de la propia Fiscalía General del Estado, de las 150 personas señaladas, el fiscal solo pide procesar a diez.