Han tenido que pasar seis años para que la pieza 9 del caso Púnica, la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño, tenga un escrito de la Fiscalía. Las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez, fiscales desde el principio del caso, no han firmado el escrito, que tan solo lleva la rúbrica de Alejandro Cabaleiro, quien se incorporó al asunto hace dos año. Cabaleiro ha presentado un mastodóntico escrito de 860 folios en el que dos cosas llaman poderosamente la atención: la primera, que dejan fuera a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al también expresidente, Ignacio González. Así, el escrito solo se centra en el exconsejero Francisco Granados; la segunda parte, que también han sacado de la causa a decenas de imputados, cerca de 50 según fuentes jurídicas.

Antes de entregar el escrito, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no solo lo había visado, sino que ha mantenido una reunión con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para explicarle el contenido del mismo y, como no, la controvertida decisión de sacar del caso a una buena parte de los investigados de esta trama corrupta.

En esta trama se investiga como supuestamente Granados se llevó dinero "contante y sonante" obtenido de las adjudicaciones de suelo que otorgaba el Gobierno de Aguirre. Pero la pieza 9 se centra en la caja B y como, con parte de ese dinero negro, se financiaron hasta tres campañas electorales del PP madrileño.

Sin embargo, para la Fiscalía no hay pruebas suficientes que vinculen a la expresidenta con la financiación irregular de su partido, ya que no han encontrado subordinados de Aguirre que la señalen directamente en el caso. Un caso que afecta a varios organismos públicos que la expresidenta dirigía, como son el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el partido en ámbito regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid).

En cuanto a los hechos, Cabaleiro concluye que, pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes respecto de las elecciones autonómicas del año 2007, "los mismos se encontraría prescritos, al igual que respecto de las autonómicas del año 2008, si bien respecto de estas se cuenta con menos elementos indiciarios". Se mantiene la existencia de falsedad electoral respecto de las elecciones autonómicas del 2011, aspecto por el que se interesa continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado frente a Beltrán Gutierrez y Francisco Granados, por un delito electoral (ambos), tráfico de influencias y cohecho (solo el segundo), al tiempo que se pide el sobreseimiento frente al resto de personas que fueron investigadas por tales hechos como consecuencia de la prescripción, como es el caso de Aguirre y González.

En cuanto a los sobreseimientos masivos, el fiscal expone: "En cuanto al resto de personas que fueron citadas como investigadas o cuya identificación se produjo durante la instrucción pero no se las citó en calidad de investigadas (152 personas físicas y 73 personas jurídicas entre las dos categorías), se aclara su situación procesal y, respecto de aquellas que constan como investigadas, se interesa el sobreseimiento de las actuaciones, bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación, lo que se explica de forma detallada e individualizada en el escrito".