La figura del juez Juan Carlos Peinado ha pasado en apenas unos meses de ser un nombre más entre los instructores de los juzgados madrileños a convertirse en uno de los actores clave en la batalla política y mediática que rodea el llamado caso Begoña. Sus decisiones, ampliamente difundidas por determinados medios, han desatado una tormenta de críticas, advertencias institucionales y hasta mofas públicas por errores que no han pasado desapercibidos. Todo ello plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede un juez actuar con semejante grado de discrecionalidad sin que intervenga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?
Desde que asumió la causa contra Begoña Gómez —esposa del presidente Pedro Sánchez— en abril de 2024, el juez Peinado ha adoptado una actitud especialmente proactiva. La investigación, en principio abierta por tráfico de influencias, ha ido engordando con nuevos delitos: corrupción en los negocios, apropiación indebida, malversación e intrusismo. Sin embargo, muchas de las actuaciones impulsadas han sido corregidas o directamente anuladas por instancias superiores.
La Audiencia Provincial de Madrid ha llegado a tumbar parte de la instrucción al considerar que excedía el objeto del caso o que se habían vulnerado garantías procesales. También se han anulado imputaciones como la del rector de la Universidad Complutense y de ex altos cargos, que fueron incorporados al procedimiento sin justificación clara. A esto se suma la crítica por investigaciones ajenas al núcleo de la denuncia inicial, como el rescate a Air Europa, ya descartado por el propio juez.
Uno de los episodios más polémicos ha sido la reciente solicitud de imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Peinado trasladó al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que acusaba al ministro de malversación y falso testimonio, por supuestamente haber participado en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. Pero según Bolaños, la contratación no dependía de su departamento y su declaración ante el juez fue "exacta, precisa y veraz".
La propia exposición del juez fue motivo de escarnio por un error especialmente grave: incluir la afirmación de que Begoña Gómez había fallecido. “La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez”, se lee literalmente en el documento, cuando en realidad se refería al fallecimiento del padre de la esposa del presidente. Un lapsus que ha encendido las redes sociales y ha alimentado la sensación de que el juez actúa de manera errática y con motivaciones poco claras.
Además, algunos juristas y periodistas han comenzado a preguntarse si existe una estrategia para escalar la causa desde un nivel periférico hasta el propio corazón del Gobierno. La concatenación de decisiones polémicas, la insistencia en vincular a altos cargos y el eco mediático del procedimiento ha hecho que se empiece a hablar de “lawfare” o guerra judicial.
Por todo ello, crece la presión sobre el Consejo General del Poder Judicial para que evalúe si estas actuaciones pueden derivar en un expediente disciplinario contra el juez Peinado. ¿Debe actuar el CGPJ ante lo que algunos consideran una instrucción plagada de errores, decisiones sin base legal sólida y un impacto institucional cada vez mayor? Vota a continuación y déjanos tu opinión sobre un caso que ya marca la agenda política y judicial del país.
