Empieza la deliberación sobre el fiscal general: nombres, plazos y opciones de condena

El pasado jueves, el juicio sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedaba visto para sentencia y desde entonces son siete magistrados del Tribunal Supremo los que deberán decidir si existe o no elementos suficientes para condenarle.

Las respuestas a las que los jueces tendrán que dar respuesta para decidir si García Ortiz es o no culpable y hasta qué punto en caso de que sí, pasan por decidir si hizo el borrado de sus dispositivos móviles para eliminar pruebas, en qué momento y de qué manera se produjo la revelación de secretos denunciada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, o el peso que dan a los testimonios de los periodistas después de que todos ellos coincidieran en que la información que publicaron en sus respectivos medios no les llegó del fiscal.

Penas a las que se enfrenta Álvaro García Ortiz

Grosso modo, en lo que respecta a opciones de condena, los magistrados tendrán que decidir si la actuación de García Ortiz encaja en un delito de revelación de secretos, violación de estos, prevaricación o infidelidad en la custodio de documentos. Asimismo, en caso de que salga culpable, los jueces deberán fijar una pena entre la cárcel, la inhabilitación o la multa. El fiscal general se enfrenta a una condena que podría alcanzar 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación o un desembolso de 400.000 euros, entre multa e indemnización.

Las partes que piden una sentencia condenatoria son la acusación particular, que ejerce González Amador, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que incluye a Vox y Hazte Oír.

Del otro lado, se encuentran la Fiscalía y la defensa de García Ortiz, que corre a cargo de la Abogacía del Estado. Ambos piden la absolución del jefe del Ministerio Público al considerar que no existen pruebas que permitan la condena. En otro orden de cosas, todavía no hay fecha para saber cuándo se conocerá la condena.

Los testimonios

La resolución dependerá en buena parte de los testigos que han hablado en sede judicial. En este sentido, en el Tribunal Supremo han hablado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que se refirió a la vulneración del derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones que supusieron la filtración, para así acusar después al fiscal de querer colocar “paños calientes” y cerrar el asunto en falso. Si bien reconoció que el abogado de González Amador, Carlos Neira, nunca pidió amparo a la institución.

El propio García Ortiz respondía a las manifestaciones pronunciadas por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contraria a desmentir el bulo que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, vertió al defender que la oferta de acuerdo de conformidad había partido de la Fiscalía y no del novio de la presidenta, como demuestra el correo que publicaron varios medios para desmentir a MAR, entre ellos ElPlural.com.

Lo mollar que tienen que decidir los magistrados es cuándo y dónde se produjo la revelación de secretos denunciada por la pareja de la lideresa regional. Según la UCO y la instrucción que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y complementó el juez del Alto Tribunal, Ángel Hurtado, es que la revelación se produjo a las 23:51 del 13 de marzo, con la noticia que lanzó la Cadena Ser, donde se hablaba del texto en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que “ciertamente” su cliente había cometido “dos delitos contra la Hacienda Pública”.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa emiten que el secreto se reveló en la web de laSexta, que a las 22:10 publicó que la oferta ya había sido propuesta por el compañero sentimental de Ayuso y no por Julián Salto, fiscal del caso que únicamente se abrió a estudiar la propuesta en un mail fechado a 12 de marzo. El Mundo se haría eco del bulo después de que el jefe de gabinete de Ayuso diera su versión a sabiendas de que mentía, algo que él mismo reconoció en sala judicial. Atendiendo a la jurisprudencia del Supremo “no se puede revelar lo ya revelado”, por lo que la primera filtración anularía el resto.

Los cuatro periodistas que pasaron dieron su versión en el TS coinciden en que la filtración no vino dada por García Ortiz; y demostraron que recibieron dicha información antes. A ello habría que sumarle los registros de la Unidad Central Operativa (UCO), que el organismo de la Guardia Civil llevó a cabo el 30 de octubre de 2024 en el despacho del fiscal y de su homóloga provincial, Pilar Rodríguez. El volcado, indica la defensa de García Ortiz, es nulo porque vulnera los derechos de su cliente.

Con lo que hay sobre la mesa, las pruebas aportadas por las partes parecen demostrar que el fiscal general del Estado no filtró el correo, por lo que sería absuelto. A partir de ahí, en el momento en el que se encuentra la causa, las partes manejan condenas alternativas por, por ejemplo, infidelidad en la custodia de documentos, por la que las partes acusatorias solicitan la inhabilitación durante tres años y una multa de 144.000 euros. González Amador pide 300.000 euros de indemnización por, dice, los daños causados.