Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del caso Lezo demostraría que, el empresario Juan Miguel Villar Mir pagó, a través de la constructora OHL, un millón y medio de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y al exdirector del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel, a cambio de la adjudicación de la obra del tren a Móstoles y Navalcarnero.

En el informe, adelantado por la Cadena SER, los agentes explican que para hacer llegar el dinero a sus destinatarios se utilizó un entramado financiero muy complejo a través de Méjico y Suiza.

Así, el informe dice: “Se ha podido confirmar el nombre de la sociedad que titulaba la cuenta a la que OHL transfirió los fondos –la panameña Lauryn Group INC.–, el nombre del banco –el banco suizo Anglo Irish Bank, que más tarde pasó a denominarse Hyposwiss Private Bank Gèneve SA–, así como el IBAN facilitado correspondía con la cuenta titulada por la mercantil Lauryn Group INC, cuenta a la que OHL, a 213, los 2,5 MM USD corresponde a 1.708.583,9 euros, cantidad que no es coincidente, pero sí cercana, a la información facilitada por los confidentes (1,4 millones de euros)”.

Y apostillan que, Finalmente, en cuanto a la identidad de los destinatarios, los confidentes apuntaron a dos cargos públicos, “el por entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al director gerente del Canal Isabel II (CYII), Ildefonso de MIguel – conectados a través del CYII, ya que en esas fechas Ignacio González era el presidente del Consejo de Administración. Tal y como ha quedado reflejado en el informe, el análisis de la información bancaria ha permitido trazar los pagos de OHL hasta el intermediario Adrián de la joya, a quien Javier López Madrid habría dado instrucciones para que hiciese llegar ese dinero a Ildefonso de Miguel”.

Supuestamente, y siempre según los agentes de la UCO, Adrián de la Joya, se habría negado porque “se niega a pagar a políticos”, no obstante, dicen que se ha identificado una posible operativa de compensación de fondos que coincide en fechas, a través de una cuenta en suiza de unos socios de Adrián de la Joya –Cándido Cerón y Jesús GIL–, mediante la que “se le habría hecho llegar 700.000 euros a una cuenta que controlaba Ildefonso de Miguel en Suiza oculta a las autoridades tributarias. En relación con la operación de compensación, se ha identificado otra transferencia de 850.018,49 euros en las mismas fechas”.

La adjudicación

En el informe que ha llegado a la Audiencia Nacional se explica que se amañó la adjudicación. Dicen los agentes de la UCO que, durante la fase de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores, el máximo responsable de la entidad adjudicataria –y a su vez quien más tarde firma la adjudicación del contrato– “podría haber recibido instrucciones de un tercero –“Nacho”– a través uno de los consejeros – Javier López Madrid– de una de las constructoras que habían licitado el concurso y que finalmente resultó adjudicataria”.

En cualquier caso, prosiguen, “ningún directivo de una sociedad que licite un concurso debe tratar de dar indicaciones o influir en la entidad adjudicataria, ya que el resultado del concurso debe ceñirse únicamente a la valoración de las ofertas bajo el prisma de los principios de la contratación pública”, que son la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procesos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y la eficiente utilización de los recursos públicos.