El diputado del Partido Popular, Alberto Casero, ha admitido ante el magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, que los contratos que otorgó cuando era alcalde de Trujillo (Cásceres), y por los que está imputado por un delito de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos se concedieron con "irregularidades administrativas" pero que, ni mucho menos, se trató de una prevaricación. Casero ha dado explicaciones durante casi hora y media respecto de los cinco contratos presuntamente dados 'a dedo' durante su época como primer edil y que ElPlural.com publicó en exclusiva y que le han costado una imputación después de que la Fiscalía viera indicios de delito en la forma de otorgar los contratos.
Casero, que saltó a la fama tras equivocarse en una votación en el Congreso que terminó con la aprobación de la reforma laboral gracias a su voto, ha dicho a su salida del Supremo: "Creo que ha ido bien, una declaración con normalidad, tranquilo, en la que he dejado claras algunas cuestiones que evidentemente, tanto la fiscal (Máría Ángeles Montes) como el juez entendían que hay que aclarar. Y, a partir de ahora, a esperar la decisión de la Justicia (...). A partir de ahora a esperar a la Justicia con toda la tranquilidad del mundo y ya está".
Preguntado por cómo ha explicado la adjudicación de los contratos, Casero se ha ido por las ramas y ha dicho: "Todo está explicado. Lo he explicado con absoluta normalidad y conforme a lo que, evidentemente, tenía preparado. No he aportado ningún documento, no es el momento. Hoy solo ha sido mi declaración. Ha sido una declaración voluntaria, se ha hecho y ya está".
El caso Casero
El conocido como caso Casero comenzó con una denuncia de la fiscal jefe de Cáceres que decía que, el 3 de marzo de 2017, Casero, en su papel de alcalde de Trujillo, contrató a un psicólogo que prestara servicios al Ayuntamiento. Éste habría desarrollado su actividad en los meses de marzo, abril, mayo y junio atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género.
El contrato se firmó pese a que el alcalde “conocía que la competencia para este servicio correspondía a la concejala delegada de Servicios Sociales”. Señalaba la denuncia, que añadía que “el 10 de marzo de 2017, se dio de baja en la Seguridad Social a Bonilla, si bien cobró cuatro facturas por importe de 6.120 euros, correspondientes a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio. El alcalde conocía que carecía completamente de cobertura contractual”. Lo más grave es que nunca se prestó el servicio a las mujeres víctimas de violencia de género.
Como ese contrato, hubo varios más que presuntamente se saltaron la legalidad. La denuncia especificaba que, “durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”.
Los contratos
Además, del contrato de atención a víctimas maltratadas, otro de los contratos cruzó los mares y tiene cierta ironía histórica porque es un convenio con la Cámara de Comercio de Perú. La firma le costó a la localidad extremeña un total de 25.000 euros, pero el entonces alcalde “no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado por el pleno ni por resolución de alcaldía”.
La gala anual de los premios Pop Eye también se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.
Otros de los contratos que según la fiscal jefe de Cáceres se realizaron de forma irregular fueron los de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.
