La tensión por la amnistía no sólo se respira en la calle o en el Parlamento, también en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Principalmente, alimentados por la derecha, también en el máximo órgano de gobierno de los jueces. Ocho vocales del bloque conservador propusieron un Pleno extraordinario para debatir la emisión de una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que beneficiaría a los encausados pro el procés separatista. El movimiento de estos magistrados ha provocado que uno de los vocales del ala progresista amague con su ausencia, además de instar al presidente interino, Vicente Guilarte, a desconvocar la reunión agendada para las 19:00 horas de este mismo lunes.
Ocho vocales del Poder Judicial, aún bloqueado desde hace cinco años, instaron al presidente en funciones del órgano rector de la magistratura a estudiar, votar y emitir una declaración institucional para expresar la “intensa preocupación y desolación” por la ley de amnistía que el Partido Socialista ultima con Junts, en el marco de las negociaciones para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
A través de un comunicado emitido el pasado jueves, el Poder Judicial dio cuenta del pleno que se acogerá en el seno de la institución este lunes. En el escrito, el órgano de gobierno de los jueces recordó que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el reglamento de la organización y funcionamiento del CGPJ delimitan que se deberá celebrar una sesión extraordinaria en caso de que lo considerase oportuno el presidente o lo solicitasen cinco o más vocales. Valiéndose de sendos articulados, el bloque conservador movió ficha, forzando a la celebración de un debate que ha contado con la firme oposición del ala progresista.
De hecho, el vocal Álvaro Cuesta remitió el domingo un escrito al presidente en funciones, Vicente Guilarte, solicitando la desconvocatoria de la reunión al estimar que es “manifiestamente ilegal”. El magistrado entiende que su finalidad es contraria “al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales” del órgano. Por ello, expuso que en el “panfleto político” de sus colegas “se descalifica y ataca una eventual proposición de ley de amnistía, aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente del Gobierno, calificándola de ilegal e inconstitucional”.
Así las cosas, Cuesta recuerda que los firmantes de la “proclama” proponen que el CGPJ “debería negar la constitucionalidad” de un texto cuyos términos y alcance aún se desconocen y lo hacen de manera “imprudente y arbitraria”. En el escrito, el vocal progresista alega que el movimiento de sus colegas conservadores “violenta la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, en una pretendida competencia y función de control de constitucionalidad y de conformidad con el Derecho de la UE; de la que carece”.
Horas más tarde, el presidente en funciones replicó al escrito de Cuesta, informándole de que el Pleno se mantiene en virtud del artículo 35, según párrafo, del reglamento que rige el funcionamiento del CGPJ, según el cual “procederá, en todo caso, la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al presidente por cinco o más vocales”. El texto formulado por el vocal progresista advertía a Guilarte que, de seguir adelante con el pleno, no acudiría.
Nueve votos necesarios
Para que la declaración promovida por el sector conservador salga adelante son necesarios los votos de, al menos, nueve de los vocales del CGPJ. De inicio, la proposición contará con el apoyo de ocho, los mismos que promovieron el debate. En contraposición, este movimiento cosechará la negativa de los seis vocales progresistas. Así las cosas, el foco se sitúa ahora sobre el propio Guilarte y el vocal Wenceslao Olea, ambos identificados con el ala conservadora, pues algunas voces apuntan a su abstención.
Según detallan fuentes consultadas por Europa Press, la negativa de los progresistas se produciría en bloque, habida cuenta de que estos estiman la declaración institucional como un pronunciamiento político y, por tanto, se despoja del espíritu por el que fue invocada. En ese sentido, subrayan que mencionados vocales coinciden en que se no es el momento oportuno debido a que aún no se ha registrado la ley.
Consideran que no existen precedentes de una petición de este tipo, sin haberse registrado siquiera una proposición de ley. Hasta la fecha, recuerdan, el órgano rector de la magistratura sólo se ha pronunciado cuando ya se presentó el texto en el Congreso de los Diputados. Además, precisan que el Consejo sólo tiene competencias para elaborar informes sobre anteproyectos de ley, por lo que está carente de control alguno sobre iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
