El estallido del Barçagate ha condicionado la actualidad extradeportiva del FC Barcelona, coincidiendo con las elecciones a la Presidencia del club que se celebran este domingo 7 de marzo. Entre tanto, los Mossos d’Esquadra han solicitado a la jueza la imputación de la institución por presunto delito fiscal.

Los investigadores han detectado que el conjunto culé pudo incurrir en un delito fiscal en la contratación de empresas ficticias con sede en Sudamérica para desempeñar un trabajo que se realizaba en Barcelona. En este sentido, las facturas emitidas debieron sufragarse con el IVA correspondiente, según revela La Vanguardia.

Por el momento, los Mossos han remitido sus investigaciones a la Agencia Tributaria para que ésta corrobore o no sus sospechas. El siguiente movimiento lo dará Hacienda, que será la encargada de elaborar un informe para enviarlo a la juez de instrucción. Finalmente, será la magistrada quien decida si imputa al club como persona jurídica o mantiene su condición de perjudicado.

Desde el pasado mes de julio, con el abogado Carles Monduilod al frente de los servicios jurídicos, el Barcelona se personó como perjudicado en la causa y así lo mantuvo la jueza de instrucción tras el levantamiento del secreto de sumario.

En el caso de que la magistrada cambiara de opinión e imputase al club por presunto delito fiscal, la entidad podría tener una doble condición en la misma causa. Es decir, perjudicado por la actuación del expresidente Josep María Bartomeu e investigado por delito fiscal al no abonar el IVA de las facturas en cuestión.

Los Mossos basan sus sospechas en varios indicios, como la declaración que prestó un exempleado de la empresa I3 Ventures, quien reveló que, pese a que el Barcelona pagó las facturas a ocho compañías distintas en Sudamérica, los trabajos se llevaron a cabo desde la Ciudad Condal. “Las facturas abonadas a las empresas americanas no llevaban IVA añadido”, detallan en su informe los agentes.

El trabajo se abonaba a través de diferentes empresas, algunas de ellas sin trabajadores e incluso sin sede, como es el caso de la compañía UT Uruguay, cuya supuesta sede, según La Vanguardia, se ubica en una caravana en medio de un descampado.

Los Mossos entienden que el objetivo del entramado era “dificultar la identidad del destinatario final”. En cuanto el dinero llegaba a las empresas fantasmas se transfería directamente a las cuentas de I3Ventures en Barcelona, donde residía la caja única a la que se destinaban todos los pagos del “grupo empresarial ficticio”.

Pese a ello, los Mossos esgrimen que el encargado de abonar el IVA era el propio Barça. “Como el sujeto pasivo que es el FC Barcelona, sería el propio club el responsable del pago a Hacienda”, subrayan los investigadores en su informe desvelado por La Vanguardia.

De hecho, el IVA que el club debería haber pagado por los trabajos de estas empresas “ficticias” en la temporada 2017/18 ascendería a los 192.780 euros. En los dos siguientes ejercicios, el pago habría rondado los 158.00. Todas estas cifras superan los 120.000 euros que determinan la frontera del delito fiscal.