La declaración de los terroristas de ETA Mikel Albisu, alias Mikel Antza, y Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por su participación como miembros de la cúpula de ETA en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, no ha deparado ninguna sorpresa. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor, Manuel García-castellón. Sin embargo, su letrada, Amaia Izko, sí que ha hecho declaraciones y ha tildado de reapertura del caso dicendo que "está fuera de cualquier tiempo porque, si en otros tiempos se hacían con la excusa de la lucha contra ETA, en este momento solamente se puede hacer por venganza, y por ganar en este territorio, en la Audiencia Nacional, que siempre está abonado para ello, esa batalla del relato que no consiguen ganar en lo político ni en lo social".

Ambos terroristas han tenido que prestar declaración como imputados después de que, como ha ocurrido con otros crímenes de la banda terrorista, un juzgado de la Audiencia Nacional haya reabierto el caso para investigar a la cúpula de la banda. De hecho, en el caso del concejal de Ermua, el magistrado trata de averiguar si los miembros de esa cúpula pudieron evitar el asesinato perpetrado por el comando Donosti, de dos tiros de la cabeza, de Miguel Ángel Blanco.

Para ello, solicitó dos informes: uno a la policía autonómica vasca y otro a la Guardia Civil. En ambos casos la respuesta de los agentes fue la misma, que en ETA no se tomaba ninguna decisión sin el beneplácito de los que estaban arriba en la cadena de mando.

Sobre la reapertura y el informe la letrada de los terroristas ha afirmado: "No tienen ninguna base ni en legislación, ni en la jurisprudencia. Y supone, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico un atropello. Nos traen al recuerdo los peores tiempos de lo que se llamó ingeniería jurídica, en la que se creaban imputaciones de la nada, y se retorcían leyes que arrasaban con derechos y donde un informe de la Guardia Civil valía más, como se pretende ahora, que lo que dicen jueces y tribunales".

Las víctimas

Frente al relato de los terroristas, la letrada de Dignidad y Justicia ha aseverado: "Tenemos puestas todas las esperanzas en esta causa. Ha sido un respiro de aire fresco que la Justicia, teniendo en cuenta la situación política actual, va de manera independiente, y que hay jueces valientes que están dispuestos a investigar al Comité Ejecutivo de la organización terrorista ETA. Hechos tan deleznables, como el secuestro, y posterior asesinato de una persona, evidentemente no dependía de la decisión de los miembros de un comando. Evidentemente venía del Comité Ejecutivo y, por eso, hay que investigar a sus integrantes.

La declaración ha sido lo previsible, se han acogido a su derecho a no declarar. En el caso de Mikel Antza ha manifestado que ya había sido condenado en Francia por su pertenencia a la organización terrorista, y que no tenía nada más que decir. Por parte de esta acusación se han solicitado medidas cautelares mínimas, en atención a que están pendientes los resultados de determinadas diligencias de investigación que están por llegar, y en el caso de Anboto como no ha sido entregada por Francia se ha acogido al principio de especialidad pero, no obstante, ha dicho que no quería declarar.