El 2025 ha sido un año frenético si se refiere a términos políticos. Un escenario en el que la Justicia ha adoptado un papel protagonista con distintas causas –la mayoría de ellas, aun abiertas- que han marcado la agenda de los principales partidos, incluso del Gobierno central. La celeridad en algunos casos, como bien ejemplificada la sentencia contra el ex fiscal general del Estado, se contrapone con la lentitud en otras investigaciones, como bien se refiere a que la todavía rodea al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso; sin olvidar a las que aún se cierne sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o la reciente entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en la cárcel.
Para entender el telón de fondo por el que han caminado estas distintas y mediáticas causas judiciales en este último año, cabe remarcar que todas ellas arrancaron sus respectivas investigaciones judiciales a principios de 2024, exceptuando la trama Koldo, que fue en 2023. Ninguna de ellas será baladí en este repaso, puesto que su influencia en la agenda política ha marcado el paso de estos últimos doce meses, afectando tanto a las filas del PSOE como de pesos pesados del Partido Popular con sede en la Puerta del Sol.
Sentencia condenatoria al fiscal general
Quizá una de las imágenes más trascendentales de este 2025 en el ámbito judicial con tintes políticos sea la que se cierne sobre Álvaro García Ortiz. Pese a que la razón de ser del caso parte del delito fiscal confesado por la defensa del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, a la Fiscalía, el foco se centró en el entonces fiscal general del Estado por la filtración del correo en el que se reconocía la comisión del mencionado delito con un pacto de conformidad para eludir la pena de cárcel, es decir, por revelación de secretos.
Situándose así todo el cerco sobre García Ortiz, la investigación en el Tribunal Supremo arrancó en octubre de 2024 para esclarecer si el fiscal tuvo o no alguna responsabilidad en la filtración del correo, pese a que varios periodistas tuvieron acceso antes que él. Con la apertura del juicio oral que duró algo menos de dos semanas en las que desfilaron distintas personalidades políticas, judiciales y mediáticas por las inmediaciones del Alto Tribunal, el entonces fiscal general fue condenado el pasado 20 de noviembre de este año.
Dos años de inhabilitación y una multa que tardó en conocerse públicamente su motivación 19 días hasta que el Supremo confirmó la condena y expuso la razón de ser de la misma. Durante todo el procedimiento judicial, García Ortiz defendió su inocencia ante el tribunal, apoyado por los distintos testimonios de periodistas que avalaron haber tenido acceso al correo de la defensa de González Amador antes que el jefe del Ministerio Fiscal; mientras que, en la otra cara de la moneda, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció en sede judicial que lo de la Fiscalía reiterando el pacto de conformidad –como defendió en un primer momento- “no era información” y que fue él quien filtró a los medios sólo el correo del fiscal al abogado de González Amador y no al revés, en el que se reconocía el doble delito fiscal.
Esta causa judicial, sobre la que aún cabe recurso ante el Tribunal Constitucional, declinó en que el 24 de noviembre García Ortiz presentara su dimisión como fiscal general del Estado.
Las dos causas abiertas contra el novio de Ayuso
Las dos piezas de investigación judicial que se ciernen sobre González Amador, la primera por doble fraude fiscal y la segunda pieza separada por corrupción en los negocios, atiende a una lentitud de tiempos que contrasta con la rapidez en la que se dictó sentencia contra el ex fiscal general. El germen de este caso surge en mayo de 2022, cuando la Agencia Tributaria comienza a investigar un fraude de más de 350.00 euros en dos ejercicios –los de 2020 y 2021- cometido por el empresario, determinando casi dos años más tarde, en enero de 2024 que existían indicios de la comisión del doble delito de fraude fiscal.
Fue el 23 de enero de 2024 cuando la Fiscalía Provincial de Madrid abrió investigación contra el novio de la presidenta madrileña, a la cual fue sumando otros presuntos delitos a la misma causa: falsedad documental mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal, un último apunte añadido por la juez instructora el 22 de septiembre de 2025 y motivo por el que abrió juicio oral, lo que consolidó el procesamiento de González Amador el 7 de noviembre por hasta cuatro presuntos delitos. La Fiscalía Anticorrupción, sobre esta pieza principal, reclama tres años y nueve meses de cárcel para el principal investigado.
Cabe no olvidar que, en paralelo a esta investigación, hay una segunda causa abierta por presunta corrupción en los negocios y administración desleal que arrancó en febrero de 2025, causa por la que permanece imputado desde el pasado mes de marzo y por la que, en el transcurso de este año, retrasó su declaración ante la juez hasta en cinco ocasiones. Durante este periodo, a finales de este año, el caso sobre el fiscal general, que guarda estrecha relación con la primera causa que se cierne sobre el novio de Ayuso, quedó cerrado mientras que, en su caso, y con dos frentes abiertos, la investigación sigue en curso.
Trama Koldo: distintas ramificaciones y entradas en prisión
Este 2025 también se ha ceñido sobre figuras de riguroso peso en su día en la vida política. El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es la figura más reconocida que se enmarca dentro de la trama Koldo, vinculado a su vez con su exasesor en el Ministerio, Koldo García; el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y el empresario Víctor de Aldama.
Este es el caso de investigación más longevo en comparación con el resto que han marcado las pautas de la actualidad judicial de este año, puesto que su investigación arrancó en septiembre de 2023 en la Audiencia Nacional bajo la instrucción de Ismael Moreno y con origen en la Operación Delorme. Pero no fue hasta principios de 2024 cuando comenzaron las detenciones, especialmente, sobre Koldo García y marcada por los indicios que iba realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
No fue hasta enero de este año cuando el Congreso de los Diputados concedió el suplicatorio al Tribunal Supremo para investigar a Ábalos en manos del juez Leopoldo Puente y continuar el proceso. Cinco meses después, en junio, el juez apuntó a Cerdán como gestor del presunto cobro de comisiones en contratos de obras públicas, por lo que posteriormente decretó su entrada en prisión provisional a finales de mes. Con la detección de pagos en metálico del PSOE, la Audiencia Nacional volvió a coger el testigo aunque solamente de esta ramificación de la investigación por orden del Supremo a principios de noviembre.
La decisión de peso del juez Puente fue procesar a Koldo, Ábalos y De Aldama por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que trascendió que Cerdán y su entorno cobraron comisiones del 2% por estas obras públicas a empresas como Servinabar. El 27 de noviembre el magistrado instructor envió a Ábalos y Koldo a prisión provisional, donde aun permanecen y teniendo en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 y 19 años, respectivamente, de pena de cárcel.
La instrucción del juez Peinado en el caso Begoña
Por último, el cerco judicial de este año, aunque sus inicios se remontan a 2024, se ciernen sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado admitió las querellas de Manos Limpias, Hazte Oír y Vox –entre otras asociaciones ultraderechistas- contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
Buena parte de la investigación ha girado en torno a figuras como el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntas irregularidades en la concesión de contratos a través de Red.es; también sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde Gómez impartía la cátedra de Transformación Social Competitiva y ramificación en la que fue acusada de haberse apropiado indebidamente del software financiado por la institución pública. En el conjunto de esta investigación, han sido señalados otras personalidades como el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, o la que fuera asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez.
No obstante, cabe no olvidar que la instrucción del juez Peinado ha estado marcada por diversas polémicas más allá de este 2025, prueba de ello, que el magistrado ha recibido toques de atención ante su metodología, puesto que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo al no percibir indicios de delito. En cuanto a tintes políticos, fueron conocidos sus vínculos personales con miembros del PP e incluso sus actuaciones en clave de querellas contra políticos como los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska y periodistas de distintos medios de comunicación; también por quien conduce su defensa, Guadalupe Sánchez Baena, misma letrada que representa al novio de Isabel Díaz Ayuso en sus respectivas investigaciones judiciales.
Desde el ahora ex fiscal general, pasando por los casos Koldo y Begoña Gómez, hasta el novio de Díaz Ayuso, este 2025 ha tenido más tintes judiciales en la política o, visto de otra manera, demás connotación política en distintas causas judiciales, que aún no han terminado de resolverse en su totalidad, por lo que cabe esperar que este 2026 venga marcado, aún más, de mayor actividad en los tribunales y una repercusión consecuente en la agenda política nacional.