El juez español Baltasar Garzón; el abogado estadounidense, consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch , Reedy Brody; Naomi Roht-Arriaza, experta mundial en Impunidad, Justicia Transicional y Derecho Internacional Humanitario; William Bourdon, abogado francés fundador y presidente de Sherpa, organización en defensa de las víctimas de crímenes cometidos por operadores económicos o delitos de cuello blanco; Polly Higgins, abogada británica internacional de origen escocés (1968), experta en la ley del Ecocidio; Dolores Delgado, fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional… Todos estos personajes tan relevantes del ámbito jurídico conforman el roster principal de la película The Code.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón ha presentado este jueves una iniciativa de crowdfunding para impulsar el filme, un documental que trata sobre la lucha de un centenar de jueces, fiscales y abogados en todo el mundo por construir un nuevo código de la Jurisdicción Universal que permita combatir el genocidio y la impunidad con el apoyo de la sociedad civil.

El objetivo de las películas, producida por Grupo Master Producciones y dirigida por Carles Caparrós, es que se pueda presentar en septiembre en el Festival de San Sebastián.

Los juristas intentan que temas tales como especular con alimentos de primera necesidad, emitir bonos basura, despilfarrar dinero público o contaminar a gran escala sean denunciables internacionalmente y se consideren crímenes contra la Humanidad.

La productora de The Code ha fijado un objetivo de 55.000 euros y contemplan una serie de “recompensas” para quienes deseen colaborar. Estos detalles van en función de la contribución económica desde por ejemplo la inclusión del propio nombre en la web de la película, hasta la asistencia este verano al curso sobre Ecocidio en la localidad de Torres organizado por la Universidad de Jaén y FIBGAR; el DVD de la película o una sesión de trabajo con el juez Baltasar Garzón para hablar de los avances en Jurisdicción Universal.

Cinco grupos de trabajo repartidos por todo el mundo, más de cien prestigiosos juristas de todas las nacionalidades trabajando en un objetivo común: redactar, para su aplicación, un nuevo Código de la Jurisdicción Universal con el que combatir “el lado oscuro de la globalización” con la ley como herramienta y conseguir que los delitos económicos, financieros y medioambientales puedan ser perseguidos internacionalmente.