El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación que el Ayuntamiento de Leganés interpuso en 2020, cuando el PSOE de Santiago Llorente estaba al mando, ante la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a nivel regional en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus.

En la ciudad madrileña, fallecieron un total de 270 residentes de centros geriátricos durante este periodo, en particular, en la primera ola del virus. En un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la denuncia del ejecutivo local del PSOE en julio de 2022 por “inactividad”, pero el alcalde socialista no tardó en mover ficha para llevar la denuncia ante el Supremo al sostener que “nunca se produjo la medicalización” de dichos centros. Ahora, con la admisión a trámite del Alto Tribunal, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podría verse entre la espada y la pared.

El PSOE insta al Ayuntamiento, del PP, a mover ficha

Por su parte, el PSOE de Leganés insta, ante esta noticia, al actual Ayuntamiento del PP que actúe en favor de la decisión de la justicia para no manchar la memoria de aquellos que perdieron la vida durante la pandemia. Su secretaria general, Laura Oliva, ha celebrado la decisión del TS, exigiendo así al alcalde actual, Miguel Ángel Recuenco, “que facilite a los grupos municipales todas las resoluciones judiciales que vayan recayendo en este proceso, incluido el auto de admisión del recurso de casación para conocer permanentemente el estado del proceso judicial”, han señalado este martes a través de un comunicado.

En estos términos, Oliva se pregunta si el edil madrileño seguirá defendiendo “los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid o a los mayores fallecidos y a sus familias”, si va a continuar “rindiendo pleitesía a Ayuso y va a restar importancia a los terribles momentos” por los que pasó la ciudad, a la par que ha hecho hincapié en que las residencias de mayores no se medicalizaron para hacer frente a los devastadores efectos de la pandemia.

“Se estima que más de 270 mayores fallecieron a consecuencia del covid en las residencias de Leganés en la primera ola y cerca de 200 quedaron sin hospitalizar siguiendo las órdenes de la Comunidad de Madrid que instó a no trasladar a los mayores a los hospitales de la región”, insisten en su comunicado. Desde el PSOE de Leganés inciden a la par en que el TSJM sí que aceptó en un primer momento la solicitud de las medidas cautelares para la medicalización de estos centros, así como la dotación de personal suficiente, una medida que el Ejecutivo de Ayuso “nunca cumplió”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, ha replicado que los socialistas reconocen, con estas palabras, que el Ayuntamiento, en 2020, perdió la demanda: “Le pido -a Laura Oliva- que deje de utilizar torticeramente el dolor de los familiares de las víctimas del covid-19. No todo vale en política”, ha reprochado, según recoge Cadena Ser.

Ayuso prorroga el contrato con la empresa que daba comida podrida en residencias

En otro orden de ideas, aunque con el mismo telón de fondo de la gestión de la Comunidad de Madrid en esta materia, es necesario remarcar que hace una semana se dio a conocer que el Gobierno de Díaz Ayuso prolongará, al menos hasta marzo de 2024, el contrato con el proveedor de menús diarios en las residencias públicas de la región que ofreció comida en mal estado.

Patatas podridas, coliflores con moho o carne con listera son algunos de los ejemplos protagonizados por la Plataforma Femar en el marco de las residencias en Madrid, entidad que seguirá colaborando con el Ejecutivo autonómico hasta la fecha indicada. Todo ello pese a que Ayuso prometió, antes de las elecciones del 28 de mayo, que cambiaría el contrato.

Es así como varios centros geriátricos de toda la Comunidad, ubicados en Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Colmenar Viejo o San Fernando de Henares, entre muchas más, podrían seguir viéndose afectadas por estas condiciones.

Más trabajo pese a menos plantilla

Otra de las polémicas recientes que envuelve en el mismo plano tanto al Ejecutivo de la Puerta del Sol como a las residencias de mayores es la postura adoptada por la Consejería de Asuntos Sociales de Ayuso -que está ahora a cargo de Ana Dávila-, la cual ha barajado la posibilidad de que el personal de estos centros trabaje aún más horas de las estipuladas para suplir las ausencias de la plantilla por las vacaciones de verano.

Es decir, los 25 centros públicos para mayores que están a cargo del Gobierno regional ofrecen un segundo contrato temporal de un máximo de 30 horas semanales, a las que hay que sumar la jornada entera de 37 horas y media. La Consejería se respalda en que es una opción “siempre voluntaria” ya que, en cualquier caso, los servicios están “asegurados”.

Desde los sindicatos afirman que el problema “es de base” y “viene de lejos”, y que a la par se traslada a otros ámbitos como la situación laboral de los hospitales públicos: “Las administraciones deberían sacar más plazas tanto en las universidades públicas como en los centros de FP, y dejar de beneficiar al ámbito privado”, señalaron desde UGT.