Semana para el olvido en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado, en los últimos días, varios escándalos que han vuelto a poner en entredicho la gestión de los 'populares'.

Concretamente, las polémicas han venido en tres de los ejes que más problemas han dado a Ayuso durante sus legislaturas al frente de la Comunidad de Madrid: el mercado inmobiliario (en este caso, una manipulación forzosa de contratos para beneficiar a Esperanza Aguirre), la comida en las residencias de ancianos y las irregularidades en los contratos del Hospital Isabel Zendal.

Rentas pactadas con Aguirre por encima del precio de mercado

En primer lugar, se ha conocido, a través de dos informes internos de la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo de Ayuso firmó y adjudicó contratos desde finales de 2019 a Orbis, una inmobiliaria en la que participa, a través de una sociedad afincada en Luxemburgo, Esperanza Aguirre y su familia. Dichos contratos, a su vez, permitieron a esta empresa embolsarse rentas superiores a los precios medios del alquiler que, durante aquellos momentos, imperaban en el mercado inmobiliario.

El Gobierno de Ayuso inicialmente denegó estos documentos, pero elDiario.es, tras una solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia, consiguió acceder a ellos y verificar los contratos adjudicados a Orbis.

Según el citado medio, todos ellos se resolvieron sin concurso público y por el procedimiento negociado sin publicidad, a pesar de acostumbrar a hacerlo en los inmuebles que ocupa. A su vez, los informes de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, entonces dirigida por Javier Fernández-Lasquetty, de la máxima confianza de Aguirre, reflejan que había alquileres más baratos en la zona que los pactados entre la empresa y el Ejecutivo autonómico.

Un ejemplo muy ilustrativo se produce en mayo de 2020. La Consejería de Familia decide alquilar más espacio en el inmueble en el que tiene su sede, que ya ocupaba desde 2010 y había sido adquirido por Orbis en 2018. Formalmente, la consejería solicita “la contratación del arrendamiento del módulo B de la planta 4ª del edificio de la calle Agustín de Foxá nº 29”. La cifra pactada ascendió a 416.502,08 euros, por un valor de 19,5 euros por metro cuadrado al mes.

El informe asegura que el valor está “dentro de la horquilla de valores que arroja el mercado”, y es cierto, pero se ubican en un tramo elevado y por encima de la media. El ángulo de precios en ese momento se situaba “entre 18,00 €/m²/mes de alquiler mínimo y 20,00 €/m²/mes de alquiler máximo, siendo 19,00 €/m²/mes el valor medio (valores sin IVA)”.

Destacar que los precios de las oficinas varían mucho en función de la ubicación y la calidad del inmueble. En concreto, el de Orbis en Agustín de Foxá, tiene una antigüedad de casi 50 años y en las cuentas de su propietaria no se aprecia ninguna inversión o reforma, por lo que es complicado de justificar que tuviera un precio al metro cuadrado tan elevado. 

Residencias con comida podrida hasta 2024

En segundo lugar, se ha conocido que la Comunidad de Madrid va a continuar, al menos hasta el 5 de marzo de 2024, el contrato con el proveedor de menús de las residencias públicas que ha servido alimentos en mal estado en múltiples ocasiones.

La Plataforma Femar, responsable de lindezas tales como las coliflores con moho, las patatas podridas o el chorizo contaminado con listeria, seguirá manteniendo su contrato con el Ejecutivo madrileño hasta el año que viene, a pesar de que, antes de los comicios, el propio Gobierno autonómico prometió que cambiaría el contrato.

Promesas que han quedado en agua de borrajas después de que el Ejecutivo regional apruebe, en el Consejo de Gobierno, la prórroga de tres de los cinco lotes que oferta esta empresa. Así, Femar seguirá sirvendo comida a residencias públicas de mayores, como la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, la de Arganda del Rey, Colmenar Viejo o San Fernando de Henares, entre otras, además de a varios comedores sociales y centros para personas con discapacidad.

"Las quejas que hemos estado dando, la pérdida de peso de los residentes, no han contado para nada. Lo suyo sería que buscaran otro proveedor con mejor calidad. Ahora la situación es una de cal y otra de arena. Unas veces está muy bien y otras veces no hay manera de que se lo coman pero son más las veces en las que la comida no está bien. Los residentes que están bien de la cabeza se niegan a comer cuando la comida está mal porque dicen que está asquerosa", denuncia Julia Martínez, hija de una residente en la Francisco de Vitoria.

En la misma línea se pronuncia Maite López, cuya madre es usuaria de la residencia de San Fernando de Henares: "Desde las denuncias se ha empezado a tener más cuidado con los alimentos que se sirven. Sobre todo de no servir alimentos que estén claramente en mal estado, tengan mal aspecto o que el pescado no llegue lleno de espinas". "Pero el tema está en qué calidad se puede dar con 4,6 euros al día por anciano", se cuestiona.

Más pelotazos en el Zendal

Por último, al menos por esta semana, se encuentra el caso del Hospital Zendal y las irregularidades en la adjudicación de sus contratos. Casi tres años después de su inauguración y con niveles de actividad irrisorios, algunos contratos, como el de la seguridad, siguen adjudicándose por la vía de emergencia, a pesar de estar ésta reservada para acontecimientos extremadamente especiales, como catástrofes o peligros de alta gravedad.

El primer contrato se firmó en noviembre de 2020 y, desde entonces, se ha renovado seis veces, todas a dedo y sin concurso público alguno. Un montante total de cuatro millones de euros para Ariete Seguridad, empresa perteneciente a Silvia Cruz, quien fuera concejala del PP en Alcorcón hasta 2017. 

"Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia, se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley". Esto es lo que dicta la ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 120.2, algo que no ha ocurrido en el caso expuesto.