Save the Children ha alertado de que las becas comedor no llegan a todos los niños y niñas en situación de pobreza por lo que, ante la crisis del coronavirus, reclama que se amplíe la cobertura de alimentación a toda población infantil en situación de vulnerabilidad socioeconómica y no solo a los niños y niñas que ya tienen concedida una ayuda o beca al comedor o son beneficiarios de otras prestaciones sociales.

Tras el cierre de centros escolares como consecuencia de la pandemia, el Gobierno va a destinar un fondo de 25 millones de euros a las Comunidades Autónomas para garantizar la alimentación de niños y niñas en situación vulnerable. Ante esto, Save the Children reconoce la voluntad del Ejecutivo de reducir el impacto de esta crisis sanitaria en las familias sin recursos pero señala que el alcance es insuficiente por diferentes motivos.

En primer lugar, la cobertura de becas comedor es territorialmente muy desigual y, en general, baja. Mientras la pobreza afecta al 28% de los niños y niñas, estas ayudas a la alimentación solo llegan al 11% del alumnado de educación obligatoria (686.106 beneficiarios), según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En algunas comunidades esta cobertura es mucho menor, como por ejemplo en Extremadura (0,2%), Región de Murcia (2%), Castilla-La Mancha (5%), Cantabria (5%), Castilla y León (6%) o Aragón (7%).  En la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas hasta el momento por la crisis sanitaria, la cobertura de comidas prevista para el período que dure se reduce al 1%.

Además, en algunas ocasiones las familias no acceden a estas ayudas porque no hay comedores disponibles. En cifras, uno de cada cuatro colegios públicos de Primaria y casi 9 de cada 10 institutos de Secundaria y Bachillerato carecen de esta instalación. 

Ampliar el umbral de renta con derecho a ayuda

Ante estos problemas, Save the Children propone ampliar la cobertura elevando el umbral de renta con derecho a ayuda que maneja el Ministerio de Educación en sus becas o aplicando los criterios de forma flexible para que incluya cambios en las circunstancias económicas familiares a raíz de la crisis actual.

“Muchas familias están fuera del radar de los servicios sociales, que van a tener serias limitaciones en este momento para identificar situaciones de vulnerabilidad”, explica Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children.

Asimismo, la organización muestra su preocupación por que no se garantice la calidad de la única comida completa, nutritiva y saludable al día que hacen muchos niños y niñas. “En un momento de confinamiento en el que es mucho más difícil realizar actividad física es aún más importante que la alimentación sea saludable”, añade Perazzo. 

En España, un 23% de niños y niñas sufre sobrepeso y un 18% obesidad, según los datos del estudio Aladino 2015. Estos porcentajes aumentan en familias de bajo nivel socioeconómico con peores hábitos alimentarios y más sedentarismo, por lo que Save the Children pide buscar alternativas a la distribución de comida rápida y rescisión de contratos de comedores escolares formulada en la Comunidad de Madrid, tal como ya han planteado Andalucía, Euskadi o Cataluña. 

Mantener las empresas de catering habituales

Por otro lado, Save the Children propone que se mantengan en lo posible los equipos y empresas de catering que trabajan en los colegios para asegurar comidas equilibradas y saludables y poner en marcha unidades de atención domiciliaria que hagan llegar a los niños y las niñas los menús, material escolar u otros bienes necesarios.

En caso de que el envío a domicilio no sea logísticamente posible, la organización valora establecer centros de distribución en los mismos colegios u otras instalaciones en las que puede podría colaborar, si es necesario, la Unidad Militar de Emergencias (UME). 

Otra alternativa planteada es entregar ayudas monetarias a través de tarjetas monedero, como ya hacen algunos programas sociales de ONG y administraciones públicas locales y autonómicas, o a través de la ampliación de las cuantías de otras prestaciones sociales, como las rentas mínimas.