La ruptura del silencio siempre ha sido el primer paso para acometer el avance de los derechos y libertades de las mujeres en la cronología histórica. Un legado que se ha hecho realidad de la mano de políticas efectivas, porque sin legislación, no hay cauce que seguir. En lo que concierne a España, en las últimas décadas se ha constituido como una nación plena de igualdades, aunque aún queda camino por recorrer y logros que consolidar partiendo de la lucha feminista.
La voz de las mujeres se escucha día a día, cada vez con mayor peso y altavoz, pero es cada 8 de marzo cuando las calles se tiñen de morado con un movimiento feminista que se hace de notar, lo que se ve consolidado con los pasos hacia adelante a nivel de legislación, que sirven de respaldo para continuar trazando la hoja de ruta feminista.
Pese a que aún queda mucho por hacer, lo cierto es que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Ley de 2004 o la judicialización, cada vez más concienciada y especializada en la materia, de casos que atentan contra las mujeres, ha ido construyendo en las últimas décadas unos cimientos que ya serán imposibles de derribar, ni tan siquiera por los intentos del negacionismo de estas violencias sistemáticas.
Desde el Gobierno central, en las últimas décadas, se han venido impulsando diversas medidas para salvaguardar los derechos y libertades de las mujeres en España, aunque estas mismas han tenido que adecuarse a los tiempos que corren y las adversidades que siguen enfrentando las víctimas de estas violencias.
El Pacto de Estado y la Ley del 2004, dos compromisos férreos
Con el telón de fondo de los crímenes machistas que, por desgracia, continúan perpetuándose, en 2024 fueron 47 las mujeres asesinadas; en lo que va de 2025, dos crímenes machistas vienen marcando el paso de esta terrible lacra. Bajo este marco, los dos pilares que sustentan esta lucha a nivel estatal se han reforzado sustancialmente en los últimos meses.
Por un lado, urgía la imperante necesidad de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un texto que se llevó a votación en el Congreso de los Diputados y, a excepción de los 33 ultraderechistas de Vox, salió adelante. La forma y el fondo del mismo viene conformado por 462 medidas, cuyas principales novedades radican en la inclusión de las violencias económicas y digitales que sufren las mujeres.
Ejemplos de las mismas, por una parte, la brecha salarial aún demasiado acuciada -ya que comprende una diferencia de cerca de 5.000 euros de media con respecto a los salarios de los hombres-, así como la sobreexposición a las redes sociales, que genera sobre las mujeres problemáticas como la cosificación de sus cuerpos o la impunidad de comentarios machistas e hirientes, entre otros casos.
Por otra parte, el hito que supuso en su día, y que sigue resonando en los recovecos de nuestra democracia hoy en día, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Normativa estatal que este febrero conmemoró sus 20 años de longevidad y que ha servido, desde su nacimiento, como guía de combate contra violencias machistas y hoja de ruta para visibilizar el maltrato sistemático en todas sus formas que sufren las mujeres.
Gracias a esta ley, se materializó lo que el silencio cómplice de una sociedad patriarcal y machista cayó durante siglos: lo que sucedía en el ámbito privado, esa violencia estructural hacia las mujeres por el mero hecho de serlo ya era público y socialmente denunciable. Un avance de calado que se empezó a trazar con la interposición de miles de denuncias, el respaldo del sistema judicial, un clamor social que nunca callaría y diversos sistemas de protección para las víctimas.
Otro de los hitos logrados en los últimos meses es una promesa de Igualdad que ha terminado por consolidarse. Nada más arrancar el 2025, quedaron abiertos 53 centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en toda España, una tarea que, hasta la fecha, estaba pendiente, era de expresa necesidad para estas personas y un compromiso de Estado y Comunidades Autónomas.
El negacionismo, una lacra aún por erradicar
“Mata y es violencia”, así definió el negacionismo de la violencia de género la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el 25N. Y es que partidos como Vox y el conjunto de la ultraderecha vienen rechazando que esta violencia estructural contra las mujeres exista, llamándola, en su lugar, violencia intrafamiliar; un término que no se ajusta a esta cruda realidad.
Esta ha sido la tónica empleada por la ultraderecha en los últimos tiempos en cuanto se ha hablado de violencia hacia las mujeres. Una postura que ha tenido doble cauce: por un lado, la confrontación y rechazo del resto del tablero político; por otro, el impacto en la ciudadanía que, por desgracia, es un mensaje que cala en ciertos sectores de generaciones jóvenes con el consiguiente auge de esta ideología.
"Es un peligro real, es un peligro anticivilizatorio, es un peligro antiderechos humanos y por lo tanto tenemos que combatir y avanzar en derechos, que es la única vía, el único camino", remarcó Redondo entonces. Prueba de esta realidad se ha dado en multitud de ocasiones en gobiernos municipales y autonómicos con la eliminación de puntos violeta, actividades a la contra del 8M, la intención de derogar la Ley de Violencia de Género y demás normativas de igualdad o la tónica de Vox a no sumarse a los minutos de silencio de las mujeres asesinadas por crímenes machistas.
Además, las cifras hablan por sí solas. Un estudio reciente de Igualdad desgranó que más del 70% de las mujeres sufren comentarios machistas, físicos y sexuales no deseados en redes sociales, siendo las menores de 25 años las más acosadas.
El colapso en los juzgados aumenta la necesidad de revisar el modelo
La entrada en vigor de estas medidas a nivel político también tiene su consecuencia directa en el ámbito judicial en el momento en que las víctimas denuncias casos de abusos, agresiones y violencias sexuales. Hasta 135 magistrados de Juzgados de Violencia sobre la Mujer vienen advirtiendo que la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia puede provocar “un colapso total” de sus juzgados por asumir los procesos contra la libertad sexual pese a que no exista vínculo matrimonial.
La novedad radica en que dichos órganos judiciales comenzarán a conocer de los mismos con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo entre las partes. "Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados". Prueba de ello, casos mediáticos que han trascendido como Monedero o Errejón en el plano político; también el caso Rubiales, que ha marcado un antes y un después.