Un profesor de tenis ha admitido en la Audiencia Provincial de Castellón haber agredido sexualmente a una de sus alumnas, quien en el momento de los hechos contaba con solo 14 años. El acusado ha expresado su arrepentimiento y ha pedido disculpas tanto a la víctima como a su familia. Durante el juicio, que ha tenido lugar en la sección segunda de esta Audiencia, el hombre ha reconocido los cargos que se le imputaban.

Al término de la sesión, el ministerio público ha decidido reducir la solicitud de pena para el acusado, de 18 a 10 años de prisión. Esta decisión se basa en el reconocimiento de los hechos por parte del profesor y en el hecho de que ha abonado la responsabilidad civil. La fiscalía había solicitado inicialmente 50.000 euros por daños morales para la víctima y 1.955,90 euros para la Generalitat, en compensación por la asistencia prestada a la menor.

El pederasta confeso pide perdón a su víctima durante el juicio en Castellón

La fiscalía también ha pedido que se inhabilite al acusado para ejercer cualquier profesión o actividad que implique contacto regular y directo con menores de edad durante 20 años. Además, se ha solicitado una medida de libertad vigilada por un periodo de diez años tras cumplir la pena, y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años.

Según ha relatado la fiscal en sus conclusiones definitivas, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, el acusado aprovechó la confianza depositada por los padres de la menor para incrementar su interacción con ella bajo el pretexto de mejorar su rendimiento deportivo. La llevaba desde su casa hasta la cancha y a una vivienda de su propiedad, donde supuestamente se realizaban entrenamientos físicos adicionales. Fue en esta vivienda donde ocurrieron los hechos denunciados.

La menor quedó embarazada de su agresor

La situación escaló cuando la menor informó al profesor de que estaba embarazada, momento en el cual él le suplicó que no revelara su identidad y sugirió que ella atribuyera la situación a otro menor. Tras esto, la víctima procedió a una interrupción voluntaria del embarazo.

Durante el juicio, dos psicólogas han confirmado la veracidad y coherencia del testimonio de la menor, aunque no se observaron daños psicológicos significativos, sí se detectaron signos de ansiedad e incomodidad relacionados con el sexo. Expertos del Instituto de Toxicología de Barcelona confirmaron mediante análisis genéticos que el acusado era el padre del feto.

Tanto la acusación como la defensa se han adherido a las conclusiones del ministerio público, esperando una sentencia condenatoria. La defensa ha destacado que el acusado ha reparado el daño económico y ha pedido perdón en dos ocasiones. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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