La persecución a movimientos propalestinos expone la represión del Estado español: hasta 95 casos de violaciones del derecho a la protesta

La condena del genocidio desplegado por Israel y el apoyo al pueblo palestino emitidos públicamente por el Gobierno distan mucho de las actuaciones desplegadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Ministerio del Interior, contra los activistas que protestan pacíficamente contra el blanqueamiento de las prácticas israelís a través del deporte o la cultura. Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha detectado hasta 95 casos de violaciones del derecho a la protesta en manifestaciones de esta naturaleza y el principal responsable es el Ejecutivo central.

La última de ellas se ha producido en el marco de la Copa Mundial de Escalada en Alcobendas (Madrid), de la que ha participado el Estado genocida e ilegítimo de Israel. Varios activistas acudieron al evento y protagonizaron protestas contra el genocidio en Gaza y la respuesta policial, según Amnistía Internacional, fue amenazar e identificar a los que desplegaron pacíficamente su discrepancia con la presencia de los representantes israelís. Los agentes identificaron y amenazaron con sanciones bajo la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el deporte a quienes proferían consignas en solidaridad con Palestina.

Asimismo, impidieron el uso de paraguas de protección frente al sol por mostrar los colores de la bandera palestina. Algunos asistentes al evento increparon e incluso llegaron a agredir a activistas propalestinos y la decisión de la Policía Nacional fue identificar a las personas agredidas. Una actuación policial que, lejos de ser aislada, constituye un ejemplo más del proceder habitual. Es más, Amnistía Internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones la persecución y, a la par, falta de protección policial ante agresiones, pero el Ministerio del Interior no parece haber acometido actuaciones al respecto.

Ley Mordaza y Ley del Deporte, el binomio de la represión normativa

Lo vivido el pasado fin de semana en el campeonato de escalada se produjo tan solo días después de la bochornosa actuación de Ertzaintza a la llegada de algunos integrantes de la Flotilla Global Summud, a quienes golpearon en reiteradas ocasiones y sin detenerse pese a encontrarse reducidos y en el suelo. “No se trata de hechos aislados, sino del reflejo de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década”, denuncian desde Amnistía Internacional, apuntando a la legislación que permite estas actuaciones policiales.

 

“Las restricciones a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión pacífica siguen vigentes en España a través de una triple legislación restrictiva”, apunta Amnistía internacional. La principal es la de sobra conocida Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza en el argot popular, utilizada desde su creación para la represión de movimientos sociales y acciones de protesta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a derogarla en su totalidad hace más de diez años, cuando todavía no estaba cerca de ser presidente, y ha renovado ese compromiso en varias ocasiones desde entonces, pero no se ha producido.

La segunda pata de la represión denunciada por Amnistía Internacional son ciertos artículos del Código Penal, que blindan a las autoridades policiales y exponen a la ciudadanía. Si bien la organización pone el foco en la última de las modificaciones legislativas: la Ley contra la violencia en el deporte. Esta, denuncian decenas de colectivos, se estaría utilizando para sancionar protestas pacíficas y pronunciamientos político-sociales enmarcados dentro de la libertad de expresión.

En lo que respecta a esta norma, Amnistía Internacional reclama a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que acciones como la interrupción temporal de una prueba deportiva o la exhibición de símbolos políticos en un estadio, al formar parte del derecho a la protesta cuando son pacíficas, no deben recibir sanciones, que han llegado a alcanzar los 60.000 euros, de acuerdo con la Ley del Deporte. Asimismo, también exponen que también se castiga a los activistas con una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta.

Violencia física, la otra pata represiva

El castigo a través de sanciones impagables para los activistas o sus colectivos es una estrategia utilizada históricamente contra los movimientos sociales, pero no la única. Otra arista de la estrategia represiva es el castigo con detenciones y procesos penales eternos, que dejan antecedentes y dificultan la vida de aquellos que protestan, y la violencia directa a través de cargas policiales, en muchas ocasiones, o por lo menos contra grupos y movimientos de ideología concreta, desmedidas.

El cajón desastre de los desórdenes públicos o el atentado contra la autoridad lo aguanta todo y en muchas ocasiones no existe mayor prueba que testimonios policiales. Amnistía Internacional lamenta los golpes con porras contra manifestantes y periodistas, los impactos en la espalda y la cabeza y el uso de spray pimienta para dispersar concentraciones pacíficas que se han visto en múltiples manifestaciones. Además, por si fuera poco, luego son los agredidos los que enfrentan juicios y denuncias por infracciones graves y delitos.

El lazo del regalo del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska son las infiltraciones policiales sin autorización judicial en movimientos sociales no sospechosos de ningún delito. Violando la intimidad de ciudadanos, accediendo a sus domicilios con una falsa identidad, constituyendo parejas artificiosas con verdaderos militantes. Una tropelía, la última fue destapada hace escasos días, que termina de envolver la represión sistémica que han mantenido todos los gobiernos contras los movimientos y colectivos sociales que luchan diariamente contra el todopoderoso y tramposo Estado.