El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha comenzado a marcar la que podría ser la hoja de ruta en un hipotético Ejecutivo nacional del que la extrema derecha formase parte. Después de borrar del mapa la violencia de género, el líder ultraderechista ha colado al PP el aborto en precampaña, planteando medidas que van incluso contra la propia ley y, sobre todo, contra la libertad de las mujeres y, dicho sea de paso, de algunas evidencias.
A estas alturas seguramente todo el mundo esté al tanto de que la formación que a nivel nacional lidera Santiago Abascal plantea un protocolo de derivación a los equipos de salud mental para las mujeres embarazadas “que lo requieran”, con el objetivo de prevenir abortos. Las controvertidas acciones, desautorizadas por los propios médicos y por el propio Alfonso Fernández Mañueco, se amparan en el plan de Vox para fomentar la natalidad y pasan porque los progenitores puedan “escuchar el latido del bebé” y ver una ecografía 4D antes de decidir detener el embarazo.
Gallardo ha dado rienda suelta de nuevo a sus polémicas -protagonistas desde que ocupara el cargo en su particular forma de entender la política- y ha dejado patentes las diferencias en el seno del Gobierno regional, nacional, la oposición en la comunidad y una inmensa parte de la sociedad. Con todo, el líder de Vox parece justificar su plan antiaborto como principal baluarte para contener otros problemas a los que se enfrenta Castilla y León, siendo la despoblación o el envejecimiento algunos de los más notables.
Castilla y León, de las comunidades que menos abortos practica
El primer aspecto relacionado directamente con la cuestión tiene que ver con el número total de abortos que están registrados en los últimos datos de los que se tiene constancia. Para consultarlos, basta con acceder a la página del Ministerio de Sanidad, en la que se muestra que Castilla y León es una de las regiones en las que menos operaciones de estas características se practicaron durante los últimos años.
Si se pone el foco en el registro más reciente (2021), la comunidad que PP y Vox gobiernan en coalición fue la quinta en la que menos interrupciones voluntarias del embarazo se llevaron a cabo (tiene una tasa de 1,79 por cada 1.000 mujeres en edad de entre 15 y 44 años), solo por detrás de Extremadura (7,10), La Rioja (6,17), Galicia (5,37) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1,79).
En 2020 la situación no fue demasiado diferente. De hecho, este año se cerró con Castilla y León igualmente como unas de las comunidades autónomas en la que menos abortos se practicaron (6,56), obedeciendo siempre al parámetro ya señalado y teniendo también en cuenta a las ciudades autónomas. Por detrás de ella se encontraron únicamente Extremadura (6,43), La Rioja (5,86), Galicia (5,71) y Ceuta y Melilla (1,94).
En un sentido similar, la relación entre centros que han notificado interrupciones voluntarias del embarazo por comunidades autónomas y la dependencia patrimonial es también bastante clarividente. En dicho baile de cifras, Castilla y León (5) solamente aparece por delante de Castilla-La Mancha (2), Cantabria (2), Aragón (2), Extremadura (1) y La Rioja (1). Entre los lugares en los que más altas son las cifras se encuentran Cataluña (83), Comunidad Valenciana (26) o Andalucía (17).
Poco nacimientos y muchas defunciones en una comunidad de por sí envejecida
Castilla y León ya es de por sí una comunidad envejecida. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la segunda con edad media más longeva, superada únicamente por Asturias: 48,14 años frente a 49,7.
Cabe destacar, además, que la situación se torna aún más significativa si se pone el acento en que se trata de una comunidad con unos 2,4 millones de habitantes, según Eurostat, y es que la edad media de Murcia, por ejemplo, está en los 41,1 con un peso demográfico mucho menor, lo mismo que La Rioja (45), entre otras.
Además, la situación de los últimos años no invita a pensar que el escenario pueda dar un giro de 180 grados. Basta con fijarse en el número de nacimientos y de defunciones para darse cuenta de ello. En esa dirección, aunque Castilla y León no es la región en la que menos niños nacieron en 2021 (13.078), el dato refleja de nuevo una situación clara que sí choca directamente con el número de defunciones, dibujando una pirámide absolutamente invertida.
Número de defunciones por Comunidades Autónomas. INE
Una "excusa inconexa" con la natalidad y "muy lejana a la libertad de la mujer"
“Todo ello permitiría, de hecho, que se pudieran realizar trabajos que requiriera conexión a red en los pueblos”, apunta mientras defiende que tenemos “las herramientas suficientes para tenerlos llenos en Castilla y León porque muchos de los trabajos que ahora se hacen en casa se podrían realizar desde un entorno rural yendo a la empresa cada quince días, si así se requiere”, apostilla. “Es más, si nos referimos a la totalidad del mapa, hasta liberaría mucho a los grandes núcleos”. Y con esos y otros ingredientes puestos sobre la mesa, explica, una pareja podría plantearse tener hijos.
