Montse tenía 63 años, una familia en Segovia que la quería, amigos que la acompañaban y vecinos que la apoyaban. Lo que no tenía, desde hace varios meses, era una casa en la que vivir. El Ayuntamiento de Collado Villalba, liderado por Mariola Vargas, decidió echarla a la calle a través de un desahucio ilegítimo y exprés. Allí murió, el pasado miércoles 10 de diciembre. Sola, hambrienta y pasando frío. Mientras su piso público, propiedad de la Sareb, permanecía clausurado, sin acoger a nadie.
Pisos vacíos, tapiados para que no puedan cumplir la función para la que fueron construidos, y vidas apagándose en las aceras. Una realidad nacional que en Villalba se ha replicado en más de una ocasión. Alfonso tenía 59 años en diciembre de 2020, cuando murió de hipotermia, tirado en una plaza de hormigón, semanas después de haber sido desalojado en plena pandemia. Cinco años después, al caso de Montse hay que sumarle que fue el Consistorio quien, sin orden judicial, expulsó a nueve personas de un bloque de calle Trinidad. Ahora solo quedan ocho.
Un desalojo cautelar, aludiendo al mal estado del edifico, que no había sido requerido por el banco malo y que no estaba salvaguardado por una orden judicial. La Policía Municipal llegó al edificio, desalojó a los vecinos en cosa de cinco minutos y tapiaron los pisos, llegando a dejar emparedado a un gato dentro de uno de ellos. La mascota rescatada por la presión vecinal y la mayoría de sus pertenencias llenando cubos de basura. De vuelta a los coches patrulla, finalizado el trabajo y a seguir con el servicio público.
Servicios Sociales no auxilió a Montse, ni siquiera cuando la mujer de 63 años ya estaba en malas condiciones en la calle o cuando algunos de sus antiguos vecinos acudieron al ente público a clamar ayuda. A nadie en el Ayuntamiento le importó su vida, que terminó por apagarse poco después. Si hubiese pedido cita habrían tardado en atenderla 45 días y habría tenido que compartir trabajadora social con otros 5.471 habitantes, medias del municipio. Tampoco podrían haberla ubicado con el Programa de Alojamiento Alternativo, que no existe, pese a estar contemplado en la normativa.
Mariola Vargas, la alcaldesa tras la gestión
La política de la alcaldesa del Partido Popular (PP) está causando estragos en el municipio del noroeste de Madrid. Villalba puede presumir de construcciones de siglos pasados, fuentes emblemáticas, parajes asombrosos y una de las inversiones por persona en Servicios Sociales más bajas de España. 39,33 euros por cada ciudadano, cantidad casi diez veces inferior a los 323 euros de media de la Comunidad de Madrid o los 372 euros del total del Estado, atendiendo a los datos cruzados de inversión en Servicios Sociales por municipio y persona recabados por la Asamblea de Villalba en un macroinforme.
Villalba también puede asegurar que su alcaldesa “tiene una larga historia de hacer política en torno al odio al pobre”, lamentan desde la Asamblea de Vivienda de Villalba. No hay que tirar mucho de hemeroteca para certificar esta afirmación de los vecinos que acompañaron a Montse hasta el final. “A los reyes magos les voy a pedir que ‘fuera okupas de Collado Villalba, fuera delincuentes’. Para la gente de bien salud y trabajo, los otros fuera”, trasladaba Vargas durante la celebración de la pasada cabalgata de los Reyes Magos. Dicho y hecho, Montse está fuera.
Los recortes en Servicios Sociales tienen muchas consecuencias y “los desahucios matan”, recuerda la Asamblea un lema que parece ya asumido con resignación más que con rabia. El Ayuntamiento de Villalba esquilma los Servicios Sociales, pero incrementa su inversión en seguridad con actuaciones como la compra de 85 cámaras de reconocimiento facial con Inteligencia Artificial (IA), activadas este jueves. Lo que, para Vargas, necesita un municipio de la sierra. Y pese a esto, “Servicios Sociales devuelve dinero” de las partidas asignadas, las cuales no ejecuta, pese a estar infrafinanciados.
La historia amenaza con repetirse
Otro bloque de las mismas características, también propiedad de la Sareb, está ahora en el foco desahuciador de la alcaldesa. Ubicado en la calle Real, acoge a 42 familias, que aglutinan a más de 100 personas. Sin embargo, el Ayuntamiento quiere volver a ejecutar el desalojo sin orden judicial y sin ofrecer alternativa habitacional a los inquilinos. A las puertas del invierno, con frío y lluvias, menores, personas enfermas o con discapacidad y mayores podrían ser las siguiente en vivir en la calle, donde sufrir el abandono municipal.
La vida de Montse, igual que la Alfonso, se apagó a la intemperie. “Es muy doloroso tener que repetir, por enésima vez, que dejar en la calle a las personas empeora drásticamente su salud y reduce su esperanza de vida”, denuncian desde la Asamblea de Villalba. Y es que la política de vivienda de todas las administraciones está arruinando la vida de millones de familias españolas y, en el peor de los casos, “está matando gente”. Condolencias y lucha. Por todos los Alfonsos y todas las Montses.
