El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid señala al Gobierno de coalición por no cumplir con el derecho a una vivienda asequible que promulga y vender pisos de titularidad pública, en los que residen familias, para vendérselo a empresas especuladoras, entre ellas la controlada por el arquitecto de la Gürtel, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba. El condenado por cobrar en negro la reforma de Génova 13 (sede del Partido Popular) habría adquirido, a través de UNEN Servicios para la Arquitectura, 13 inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Otras de las empresas que estarían siendo beneficiarias de esta política, según el sindicato, serían las inmobiliarias Encinas Quinzano e IV Encinas Quinzano, que se han hecho con al menos siete inmuebles; así como Crimael S.L., propiedad de Daniel Rodríguez Santos, dueño de Ocasión Plus SL e investigado previamente por presunta estafa. “Mientras el Gobierno afirma apostar por la ampliación y protección del parque público, el Ejecutivo continúa privatizando el poco patrimonio público que queda en el Estado español al permitir que la TGSS subaste viviendas públicas al mejor postor”, denuncian las inquilinas.
El problema con estas viviendas se remonta a hace 20 años, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible. Años después, Mariano Rajoy decidió disolver esta entidad alegando pérdidas, pese a que las cuantías siquiera se acercaban al 1% de los miles de millones destinados a salvar a los bancos. Los contratos se han ido renovando año a año en estas décadas y, aunque muchos vecinos se han ido por la presión y las subidas, 28 han resistido.
Los alquileres tampoco son baratos, rondan entre los 900 y los 1.200 euros, pero sí se encuentran por debajo de mercado. En su interior, familias humildes y trabajadoras han crecido, incluso formándose allí, y ahora notan en el cuello la guillotina del desahucio. Sin embargo, no tienen pensado rendirse, motivo que les ha llevado a realizar una acción en la sede central de la TGSS, donde han accedido con pancartas para protestar porque “el Estado, su propio casero, ha decidido no renovar sus alquileres y obligarlas a abandonar sus casas”.
La otra opción otorgada a las víctimas no es mucho mejor. La TGSS ofrece a los vecinos comprar sus viviendas, pero las reglas del juego son diferentes a cuando la administración se encuentra al otro lado de la cadena, momento en el que mayoritariamente se atiende al valor catastral u a otros índices. El Estado exige a los vecinos que abonen el valor de mercado, muy diferente al registrado hace dos décadas cuando accedieron y que, en alguno de los casos, es superior al millón de euros por la ubicación
El Gobierno incumple
Estas operaciones, subastas que siguen teniendo lugar a menudo, “evidencian un modelo que prioriza la privatización del patrimonio público y la transferencia de vivienda social a actores privados, fomentando la especulación y expulsando a familias que llevan años habitando estos inmuebles”, exponen desde el Sindicato de Inquilinas. Proceder que se desarrolla, además, mientras la propia TGSS mantiene más de 800 viviendas vacías, muchas abandonadas desde hace décadas y generando costes millonarios para el Estado.
“El Gobierno y el Ministerio de Vivienda están incumpliendo las obligaciones que marca el artículo 47 de la Constitución, que exige a los poderes públicos garantizar el derecho a una vivienda digna a la vez que impedir activamente la especulación. Lejos de ello, las administraciones están desmantelando el parque público, precarizando barrios y profundizando la emergencia habitacional mientras se llenan la boca hablando de “la legislatura de la vivienda”, inciden.
Por todo ello, las vecinas tienen claro que no dejarán de luchar y se han unido a la campaña #NosQuedamos, lanzada por el Sindicato de Inquilinas en todo el territorio y para el conjunto de casos. “No van a aceptar la no renovación de sus contratos. Exigen la paralización inmediata de todas las subastas, la permanencia de las viviendas de la TGSS en el parque público de vivienda en alquiler permanente y la apertura de una negociación colectiva que permita renovar los contratos y les asegure estabilidad y control sobre sus viviendas”, trasladan sus reclamaciones.
Versión de Seguridad Social
ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Ministerio de Seguridad Social, que se apoya con que "el Tribunal de Cuentas realizó un informe de fiscalización sobre el patrimonio de la Seguridad Social en el que informaba de que se debía proceder a la enajenación de los inmuebles y a corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener a inquilinos en situación jurídica irregular".
Asimismo, defienden que "Seguridad Social es una administración pública sin competencias en vivienda, y por lo tanto carece de la potestad de hacer promoción inmobiliaria y de suscribir contratos particulares fuera de su propia normativa", pero defienden que realizaron un "análisis pormenorizado" y "fruto de este análisis llevaron a cabo hasta siete informes jurídico-técnicos".
"Se les comunicó (a los vecinos) las condiciones de enajenación conforme a lo establecido en la normativa aplicable [...] se les dio facilidades en los plazos para la compra", añaden, defendiendo que el procedimiento habitual a seguir es el de la "subasta pública". "La Seguridad Social es conocedora de las dificultades que esta situación puede causar a los inquilinos y por ello se abrió un canal de contacto abierto permanente con ellos y se les ha convocado diversas reuniones", zanjan.
