El Congreso de los Diputados tendrá que votar este jueves 17 de diciembre la regulación de la eutanasia en España. El pasado mes de febrero el Pleno aprobó una propuesta de ley orgánica, y este 10 de diciembre, la Comisión de Justicia ha dado luz verde para que volviera al Pleno. Esta proposición de ley del PSOE, cuenta con el voto en contra de PP y de Vox. Dicha ley, necesitaría un respaldo de la mayoría absoluta, con un mínimo de 176 votos. El propósito de esto es dar una cobertura jurídica a la asistencia médica que se da a personas que viven una situación terminal, bien sea por sufrir una enfermedad que no tiene cura o por padecer una situación de sufrimiento irremediable. 

Entre los añadidos a esta ley, se contempla una modificación del artículo 143 de Código Penal, que castiga quienes causen o cooperen "activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimientocrónico e imposibilitante", para librar de responsabilidad penal "a quien causare o coperare activamente en la muerte de otra persona cumpliendo en lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia". 

En todo el mundo, muy pocos países cuentan con una ley de la eutanasia aprobada. Únicamente es legal en cinco países: Holanda, Bélgica, Canadá, Colombia y Luxemburgo. En algunos estados como en Suiza, está permitido el suicidio asistido. Esta opción implica que las personas que te ayudan a morir, si es de una forma voluntaria, no puedan ser juzgadas. La ley española contempla tanto la eutanasia como el suicidio asistido, cuya diferencia se basa en quién administra el fármaco. En la eutanasia, es el personal sanitario, mientras que en el suicidio asistido se administra personalmente con una receta.  

En cuanto a lo que respecta la ley española, los mayores de edad residiendo en España con enfermedades graves e incurables o invalidantes, podrán solicitar ayuda para morir y deberían cumplir una serie de requisitos: Tener por escrito toda la información sobre su proceso médico y las diferentes alternativas, como los cuidados paliativos, y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria, dejando una separación de quince días naturales entre ambas. Con esta ley, se tendrá derecho a morir con ayuda médica en España, una presentación de la salud pública en casos muy concretos.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha señalado su deseo de que la ley no trate puntos discriminatorios. Señalan que la norma contiene aspectos para el colectivo con discapacidad, contrarios a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a las recomendaciones efectuadas a España en 2019 por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Por ello, detacan que la regulación legal de la eutanasia “no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos, como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente, ha de ser neutra y respetuosa con la diversidad social, pues si no es así compromete gravemente los derechos humanos de estos sectores y se aleja del principio de no discriminación”.