El caso Carioca es una investigación que implica en Lugo a varios guardias civiles y al dueño de un burdel y su pareja. Tras el trabajo de instrucción de la jueza Pilar de Lara, han llegado al tribunal los escritos de la Fiscalía de Lugo con unos argumentos bastante sorprendentes y que contradicen lo que se deducía de la investigación inicial.
De los cuatro agentes de la Guardia Civil imputados, uno de ellos, el cabo Armando L. T., estaba acusado de dar consejos a Eladio (conocido como El Medio Oreja) para conseguir papeles de residencia para las prostitutas del club Liverpool, el burdel que regenta en el municipio lucense de O Corgo.
Y dos agentes del cuerpo armado estaban acusados de ser sobornados y por los delitos de colaboración con la prostitución y por omisión del deber de perseguir delitos dado que iban al club, pero no a investigar, sino para ser invitados a copas y comidas, además de ser agasajados en Navidad con botellas de vino de parte del dueño del burdel, según cuenta el diario gallego El Progreso.
Sin embargo, la Fiscalía cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para señalar que estos regalos eran “actos de cortesía que no comprometen la imparcialidad", dado que tenían poco valor para constituir un delito de cohecho impropio.
Una menor en el prostíbulo
Otra de las piezas referidas al Liverpool investiga la prostitución de menores, después de encontrarse en el burdel a una chica de 17 años. La joven habría reconocido que ella mismo había falsificado la fecha de nacimiento del pasaporte que enseñó al dueño del prostíbulo. La Policía, al detectarla, se limitó a comprobar si estaba en España de manera regular, por lo que la Fiscalía exonera al dueño del burdel porque “no se puede exigir al imputado una diligencia y celo mayor que a los propios funcionarios de Policía".
En este aspecto, la Fiscalía también defiende la inocencia de uno de los guardias civiles imputados, que llamó al dueño del burdel para avisarle de que le iban a llamar a declarar por el caso de la menor de edad. Tras el aviso, Eladio El Medioreja se apresuró a ir al cuartel para declarar de forma voluntaria. Sin embargo, la Fiscalía cree que no hubo chivatazo ni delito de revelación de secretos sino una "mera infracción administrativa" de "muy escasa entidad".
Prostitución voluntaria
Por último, la Fiscalía no ve delito en el dueño del burdel y le exonera de la acusación de proxenetismo. Según declararon las chicas del prostíbulo, el dueño “tenía mal carácter” y “era exigente con el trabajo”; “les sugería; nunca imponía” los clientes con los que acostarse, acercándose a ellos con “una bayeta o un cenicero, o si era calvo se tocaba la cabeza” y les pedía “que no usaran preservativo ya que se ganaba más”.
Sin embargo, para la Fiscalía esos testimonios “despejan cualquier duda” de que hubiera delito porque, aunque tiene claro que el dueño sacaba beneficio de la prostitución, ésta no era impuesta de manera coactiva, bien mediante engaño o abusando de una situación de necesidad o superioridad y “las mujeres que ejercían la prostitución en el local lo hiciesen coaccionadas".
