La jueza de Instrucción número 4 de Coslada (Madrid) ha reabierto el caso una mujer de 35 años que murió desangrada en una operación de uretra en el quirófano del Hospital del Henares, el pasado mes de mayo.

La jueza ha autorizado que se haga una segunda autopsia al cadáver después de la primera autopsia clínica realizada por el hospital, donde ocurrieron los hechos.

El cadáver de Nuria López fue trasladado ayer tarde al Instituto de Medicina Legal de Madrid donde este miércoles se hará la autopsia, según adelantó El Mundo.

Nuria falleció el 28 de mayo durante una operación para implantarle un catéter uretral denominado 'doble J' para facilitar el flujo de la orina debido a la malformación congénita en un riñón. El día de su muerte la familia aceptó que se le realizará una autopsia clínica, y cuatro días después, denunció al hospital en el juzgado de guardia de Coslada y solicitó que se autorizara una autopsia judicial.

La familia culpa al hospital de la rotura de una vena

La juez de instrucción número 4 de Coslada archivó entonces el caso porque entendió que se trató de una muerte natural, ya que la autopsia realizada en el hospital determinó que lamujer había sufrido un paro cardiaco por shock hipoglucémico. En el informe médico se informaba que había muerto desangrada por "la rotura de la vena cava previamente suturada", a pesar de que esa arteria no debía tocarse en la operación, según la denuncia de la familia, que alega negligencia médica.

La hermana de la víctima, Susana López, ha relatado que Nuria no quería operarse, pero que optó finalmente por hacerlo porque creía que supondría una mejora de su calidad de vida.

Este martes, amigos y familiares de Nuria se manifestaron en las puertas del hospital para pedir justicia y que se abriese el caso, además de una segunda autopsia judicial para que se aclaren las circunstancias de la muerte.

Los familiares han denunciado, además, que no se realizó la autopsia a Nuria el mismo día del fallecimiento, algo que dicen que es habitual en estos casos, sino que tardó una semana.

 La Asociación del Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue el caso ante la gravedad de los hechos denunciados.