Auxiliar a los refugiados, modificar el delito fiscal rebajando la cuantía económica de la defraudación, aprobar una ley que defina las actuaciones que puede realizar el Gobierno central en funciones o la derogación de la modificación de la Ley de Costas, son algunas de las propuestas que el Comité Permanente de Jueces para la Democracia (JpD) ha aprobado y quiere dar a conocer a la sociedad.
La asociación judicial progresista considera “un deber moral e histórico hacer un llamamiento a toda la sociedad española, en relación al tremendo drama humano que se está produciendo en el sur de Grecia y en el centro de Europa por los movimientos de poblaciones que solo son comparables a los acaecidos durante e inmediatamente después de la IIª Guerra Mundial”.
Profunda desazón
“Como juezas y jueces europeos nos produce una profunda desazón la situación que están sufriendo cientos de miles de seres humanos, con la muerte hombres, mujeres, niños y ancianos”, continúan.
Europa debe reaccionar
Considera JpD que Europa retrocedería décadas y posiblemente siglos, “si se continúa permitiendo ese sufrimiento, que supone una vulneración lacerante y continúa de los esenciales valores que hacen de Europa un referente en cuanto a respeto de los derechos Humanos” y añaden: “ Toda Europa debe reaccionar y adoptar solidariamente cuantas medidas sean necesarias”.
Que las instituciones se impliquen
Tras mostrar su preocupación por la situación de las personas que han tenido que abandonar sus casas y países de origen contra su voluntad instan a todos las instituciones del Estado “a que se impliquen seriamente en eliminar los efectos que ello está provocando”.
Gestiones con asociaciones europeas
Informan asimismo de su intención de iniciar gestiones “con las asociaciones judiciales de todos los países europeos a fin de acordar actuaciones que sirvan para remedir la inadmisible situación que día a día se está produciendo”.
Modificar el delito fiscal
Ya en casa, Jueces para la Democracia propone modificar el delito fiscal, “ante la necesidad de revisar la cuantía económica de la defraudación en cómputo anual necesaria para alcanzar el umbral del tipo básico (120 mil euros, ó 50 mil para fondos comunitarios), a fin de proceder a una bajada sensible de esta cuantía, teniendo en cuenta que la cuantía para la consideración de la concurrencia del delito menos grave de hurto está cifrada en tan sólo 400 euros”.
Ley para el Gobierno en funciones
Entre otras cuestiones JpD ha tratado también la necesidad de una Ley para definir las actuaciones posibles de un Gobierno en funciones lo justifican explicando que “la ausencia de límites nítidos sobre las competencias del ejecutivo después de las elecciones y en tanto no se forma nuevo Gobierno es fuente frecuente de polémicas y actuaciones cuestionadas”.
Inseguridad jurídica
Este cuestionamiento se debe a que las acciones del Gobierno “no son las opciones de carácter discrecional o político que adoptaría un hipotético gobierno futuro·. Para acabar con esta inseguridad jurídica, Jueces para la Democracia considera que debería regularse por ley este conjunto de facultades e incorporar la doctrina del Tribunal Supremo a este respecto.
Protección del dominio publico marítimo terrestre
Un tema que también preocupa a JpD es a modificación de la Ley de Costas que se produjo en 2013 y que “redujo injustificadamente el ámbito de protección de la superficie que debía conformar el dominio público marítimo terrestre, y acotó, para excluirlos, una serie de supuestos que hasta ahora formaban parte de este concepto”.
Derogar la modificación de ley de Costas
Esta modificación produjo asimismo “la reducción de la franja de protección del litoral, con importantes efectos en cuanto a la consolidación de actuaciones urbanísticas gravemente lesivas al medio ambiente y al litoral. Por ello, la asociación propone la derogación de la Ley 2/13
Daños causados por hidrocarburos
Por último, JpD denuncia el tratado internacional sobre limitación por daños causados por hidrocarburos transportados por mar. “Este convenio de limitación de responsabilidad supone un privilegio para la actividad de transporte marítimo de hidrocarburos, que determina que en caso de siniestro no exista una garantía real de reparación del daño causado por el vertido de petróleo y sus derivados, ni a las personas y bienes ni al medio ambiente”, dicen los jueces.
Denuncia del Tratado
Proponen que el Parlamento denuncie el Tratado y que promueva uno nuevo basado en los principios de responsabilidad objetiva, de carácter ilimitado y solidario entre todos los beneficiarios materiales de la actividad, así como la contemplación como indemnizable de todo el daño causado, incluido el ambiental.
Una Ley española
“En tanto esto no se logra, se propone la aprobación de una ley española en estos términos (semejante a la Oil Pollution Actnorteamericana de 1990) y se condicione el paso inocente por las aguas jurisdiccionales españolas (incluida la ZEE) al cumplimiento de este régimen de aseguramiento”, concluyen.
