El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sobre las 8 meos diez de la tarde, ha salido de la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanecía desde el pasado 21 de abril tras ser detenido en el marco de la Operación Lezo. Visiblemente más delgado, González no ha querido hacer ninguna declaración ante las decenas de periodistas que se agolpaban a las puertas de la prisión.
A Ignacio González le han bastado menos de 24 horas para reunir los 400.000 euros que le pedía el juez instructor de la Operación Lezo, Manuel García Castellón, tras aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción para dejarlo en libertad. Al parecer, Ignacio González habría conseguido hasta 10 fiadores que tendrán que acudir a la Audiencia Nacional para asegurar que ellos son los pagadores de la fianza.
En varias ocasiones, González había pedido su salida de la cárcel alegando arraigo familiar y negando todas las acusaciones que caen sobre él. Este martes, la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado sus peticiones a cambio de la fianza de 400.000 euros.
Y, aunque ha asegurado que existen "consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González" que deberían de ser castigados con más de 20 años de prisión, aunque reconoce que existe "un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer", pese a que “la instrucción ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales"; la Fiscalía cree que debe salir de Soto del Real.
Sin embargo, la Fiscalía también justifica la posibilidad de libertad porque "ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá". Y que el avance del tiempo y de la instrucción judicial "también reducen" el riesgo de fuga. Por ello, acceden a permitir "unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales" y "acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales".
