El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha aceptado este martes que el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, salga en libertad en cuanto pague una fianza de 400.000 euros.

El popular lleva en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril, cuando el juez de instrucción decretó paras él prisión incondicional al considerarle el cabecilla de la trama Lezo.

Ahora, en las próximas horas saldrá del centro penitenciario, tras abonar la fianza, bajo medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales.

Con esta decisión, el juez sigue los pasos dados por la Fiscalía Anticorrupción que, sólo unas horas antes, se mostraba a favor de dejar en libertad a Ignacio Gonzáles.

Aunque la Fiscalía reconoce riesgo de fuga

En varias ocasiones, González había pedido su salida de la cárcel alegando arraigo familiar y negando todas las acusaciones que caen sobre él. Este martes, la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado sus peticiones a cambio de una fianza de 400.000 euros. 

Y, aunque ha asegurado que existen "consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González" que deberían de ser castigados con más de 20 años de prisión, aunque reconoce que existe "un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer", pese a que “la instrucción ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales"; la Fiscalía cree que debe salir de Soto del Real.

Sin embargo, la Fiscalía también justifica la posibilidad de libertad porque "ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá". Y que el avance del tiempo y de la instrucción judicial "también reducen" el riesgo de fuga. Por ello, acceden a permitir "unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales" y "acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales".