En la Fundación Nacional Francisco Franco comienza a asumirse que el Gobierno de Pedro Sánchez pondrán en marcha el proceso para ilegalizarla. Incluso pone fecha a ello y sospechan que se llevará a cabo de cara a las elecciones del próximo año. Lo cierto es que les asiste la razón en cuanto al calendario, ya que, derivado de la aplicación desde este pasado viernes de la Ley de Memoria Democrática, el Ejecutivo central debe de aplicarla en todos sus aspectos y ese, sin duda, es uno de ellos, no menor, en cuanto a lo que representa simbólicamente como clara anomalía en un sistema democrático.

Menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe

Y es que la nueva norma, que rige desde el viernes, deja meridianamente claro que no podrán existir fundaciones que realicen apología del golpe de Estado de 1936, de la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes. La ley señala en este apartado que no podrán seguir siendo legales las fundaciones que practican el “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo” o que hagan "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas".

Recurso contra la ley de Vox… pero no del PP

Al hilo de la puesta en marcha de esta ley, la Fundación que preside Juan Chicharro está convencida y segura de que Vox pondrá en marcha acciones, tales como un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática, y por ende contra la ilegalización de su fundación. Sin embargo, no es tan optimista y muestra sus “dudas” y reservas de que el Partido Popular vaya a hacer lo mismo.

Para la fundación ultra existe un componente electoral detrás de la posible ilegalización de su ente. Chicharro cree que el Gobierno de Pedro Sánchez “moverá ficha cuando le interese” y que utilizará el “comodín Franco", antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. En su defecto, y si no lo hiciera para esa fecha, lo llevaría a cabo en fechas previas a los comicios generales de final de 2023.

Ciertamente, la Fundación Franco hasta el momento no ha recibido ninguna notificación sobre su extinción, algo lógico si se tiene en cuenta que, con anterioridad, deberá iniciarse un proceso judicial. Ello no obsta para que Chicharro alerte: si intentan ilegalizarles, recurrirán ante los tribunales. Al mismo tiempo, se muestra “muy tranquilo” porque cree disponer de argumentos para que la Justicia les ampare y no ilegalice la fundación.

¿Qué sucederá con los bienes?

Un capítulo añadido de la aplicación de la ley y que también afectaría a las fundaciones enaltecedoras del franquismo, la guerra civil y del golpe de Estado, es la interrogante sobre qué pasará con sus propiedades y bienes, en especial su archivo documental. En ese sentido, la ley dicta que se destinará a fundaciones o entidades no lucrativas privadas que decida el patronato de la propia fundación extinguida. En caso contrario, el proceso quedará en manos del Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, que puede nombrar un liquidador que recibirá una retribución a cargo del patrimonio de la fundación.

Medidas cautelares

Corresponde al Patronato de Fundaciones “instar judicialmente” la extinción de una fundación y que el órgano judicial podrá acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia. También, tomar medidas cautelares si lo considera necesario para que se puedan suspender las actividades. La norma afecta a cualquiera que no persiga fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo, como indica la ley. En ese sentido, se considera contrario al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, en los términos citados previamente.