El 'papel cero' entra en vigor con el nuevo año en medio de la polémica

El nuevo año conlleva, además de las típicas buenas intenciones, la entrada en vigor de algunas normas. Una de las más controvertidas tiene que ver con la Ley de Enjuiciamiento Civil y el mandato que contiene según el cual todos los asuntos judiciales entre los profesionales se deben comunicar de manera telemática.

Esto, a priori, supondrá la desaparición del papel en los juzgados y tribunales. El texto, en concreto, fija la obligatoriedad de que las comunicaciones y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de forma electrónica en todos los órganos jurisdiccionales. De este modo, los jueces utilizarán los datos de correo electrónico y de número de teléfono para la localización del demandado y se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.

Procuradores
También los colegios de procuradores tendrán que habilitar los medios necesarios para garantizar el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional. Sin embargo, una de las cuestiones que más polémica genera se refiere a la práctica imposibilidad de llevar a efecto el mandato.

Entre los aspectos que pueden provocar ese efecto negativo se encuentra el de los desequilibrios que se dan entre las comunidades autónomas; esto se debe fundamentalmente a que no todas las regiones están en condiciones de dar cumplimiento a dicha normativa.

Discrepancias con el ministerio
Precisamente, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha defendido estos días que la mayor parte de las autonomías sí están preparadas para alcanzar el "papel cero" en las administraciones judiciales y sólo Valencia incumplirá ese objetivo por completo, en tanto que Cataluña, Cantabria y País Vasco solo lo harán parcialmente.

No obstante, en contra de sus afirmaciones, durante el proceso de implantación, regiones como Andalucía, Canarias o Aragón, además de la mencionada Comunidad Valenciana, ya advirtieron de sus dificultades para alcanzar ese propósito. El motivo de las quejas está relacionado con la desigual inversión realizada en materia de nuevas tecnologías.

Más escépticos
Tal y como recoge Efe, además de esas administraciones autonómicas, también se dan más escépticos. En concreto, el Consejo General de la Abogacía, el Sindicatos de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), el Consejo General de Procuradores de España y Jueces para la Democracia (JpD) apuestan por la digitalización pero advierten de que no es un objetivo realizable para la fecha señalada. Por su parte, Justicia rechaza las críticas, si bien reconoce que la implantación será progresiva y no de golpe, por lo que confía en que los juzgados de su ámbito territorial funcionen al cien por cien sin papel en julio de 2016.

El ministro ha dejado claro que el cambio "será una obligación, no una opción". Cabe subrayar que, al margen de los órganos judiciales de las CCAA no transferidas, el sistema electrónico afecta a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, aunque no al Tribunal Constitucional.