Hace unos años asistí a una conferencia de la ministra Cristina Narbona, la única Ministra de Medio Ambiente que ha tenido este país. Aznar puso al frente de esa cartera, que creó por obligación y en la que nunca creyó, a gente que no amaba el medio ambiente: una física nuclear, una contable y un ex presidiario que el propio estado calificó como "buen preso pero mal ciudadano". Hasta que llegó Zapatero y puso a Narbona, que ya había sido secretaria de Estado de Medio Ambiente con Felipe.

“Derrochar agua sale demasiado barato, por eso es tan difícil someterlo a control”. Esa fue una de las frases que anoté en aquella conferencia, al poco de asumir el cargo y demostrar que una de sus prioridades sería el agua. Y tenía toda la razón. “Lo que ocurre es que en este país el agua de riego no se valora porque está subvencionada y en los pocos lugares en los que se debe pagar es a un precio irrisorio”. Sus frases eran tan valientes como contundentes.

La idea clave que nos quería transmitir la ministra era que si el litro derrochado costase diez veces más que el que establece el consumo necesario la cosa cambiaria. Por eso defendió la aplicación de un coste del agua mucho más ajustado a la realidad de nuestro país, un coste que premie mucho más a los consumidores que se esfuerzan por ahorrar agua, en todos los sectores, desde el agrícola al doméstico, y que penalice con mayor contundencia el derroche de los insolidarios.

Si apostáramos de una manera mucho más decidida por gravar el derroche de agua lograríamos recortar sensiblemente el consumo: y esa es la única vía para garantizarnos la disponibilidad de este recurso natural, una garantía amenazada por el cambio climático.

Necesitamos castigar con mucha más severidad el malgasto aumentando el precio del agua derrochada en la agricultura, en la industria o en el uso urbano hasta ponerla por las nubes. Repito: estamos hablando del agua malgastada, no del agua reconocida como derecho básico, es decir del agua necesaria para mantener la salud de nuestro organismo y atender los recursos básicos del hogar.

El acceso al agua básica para vivir, esos entre 50 y 100 litros por persona y día que señala Naciones Unidas, es un derecho universal e inalienable. Pero es que para cumplir con ese derecho va a ser imprescindible acabar con el despilfarro y atajar de manera inmediata el derroche con un modelo de facturación mucho más riguroso que el actual y al que nadie debe temer, pues quien consuma la justa cantidad que le corresponde no notará ningún aumento y quien haga esfuerzos por ahorrarla recibirá su justo premio.

Porque en un país como el nuestro, con la situación de sequía estructural que se nos echa encima, derrochar agua tiene que salir por un ojo de la cara.