El último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha reflejado la inquietud que tienen los españoles con las respectivas subidas de la electricidad. Un 92,2% de los españoles está preocupado o muy preocupado por el aumento del precio de la luz.

Una intranquilidad que se ve reflejado en los recibos mensuales de la luz. Algo que, según los encuestados, afecta al 70% de las personas. Uno de cada cinco españoles reconoce que el pago por la electricidad ha subido mucho, mientras que el 28,5% revela que el recibo ha subido bastante. Una cifra mucho más elevada a los que no les ha subido nada, el 10,1%, o los que no sabrían qué decir, el 18,6%.

El barómetro del CIS muestra el interés de los ciudadanos en cambiar el actual sistema de fijación del precio de la luz, que el 83,2% considera totalmente o bastante incorrecto y proponen al Gobierno de España una intervención pública para que se pueda controlar las tarifas que fija el mercado mayorista de la Unión Europea. Una estrategia parecida a la que el Ejecutivo ha propuesto a Bruselas, a pesar de que la primera respuesta de la Comisión Europea no ha sido la deseada.

Dos de cada tres españoles estarían a favor y considerarían conveniente que se hiciera una intervención pública del sistema eléctrico con el fin de controlar el aumento del precio de la luz, frente a un 14,1% que lo considerarían negativo o un 14,7% que no sabe que postura defendería.

Una preocupación por establecer un sistema de precios de la electricidad que sea equitativo ya que la gran mayoría de los ciudadanos cree que la luz debería ser considerado un bien de consumo básico, tal y como lo es el agua. Un 97,5% de los españoles estaría a favor de denominarlo así.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha desvelado esta semana la posibilidad de que el Gobierno de España amplíe las medidas de la luz en el caso de que el precio siga subiendo en los próximos meses. La también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico justificaba que los consumidores pagarán a finales de este año un coste anual similar al que se produjo el año 2018.