Los monjes benedictinos se encuentran desde hace dos años de manera ilegal en el Valle de los Caídos, ya que el pasado 2 de octubre de 2020 quedó sin valor el convenio por el cual el Monasterio de lo Silos enviaba a un grupo de clérigos para habitar y ocuparse del lugar de Cuelgamuros.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva tiempo peleando para que los eclesiásticos salgan de allí. La pugna con el Estado viene de atrás. En concreto desde 2021 cuando, en febrero, el grupo envió un escrito a la Fiscalía General del Estado para denunciar un hecho que, aseguran, no tiene vigencia alguna desde la fecha estipulada. El organismo, por su parte, remitió el escrito a Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia.
En junio de ese mismo año ARMH dirigió una carta al ministro Félix Bolaños mencionando que el convenio entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos, que desde 1958 regía la presencia de la congregación, se había extinguido en el mes de octubre de hace dos años; y lamentaba que no se atendiera a sus peticiones, así como que el organismo cumpliera únicamente una función de “mensajería”.
El presidente de la asociación, Emilio Silva asume, como hiciera el verano pasado, que el Gobierno tiene ahora “dos opciones”, o echar a los monjes benedictinos de forma inmediata y “cumplir con la legislación vigente” o “si lo que quiere es la permanencia de los monjes en el Valle tendrá que renovar el convenio que ya no está en vigor”.
De lo contrario, sostiene, el Ejecutivo “estaría prevaricando al incumplir las leyes que le obligan a tomar medidas”. Por esta razón, ARMH estudia presentar ante la Fiscalía una denuncia por “prevaricación” pues, asume, Moncloa “es consciente de que está incumpliendo una ley que le obliga a restablecer la legalidad y aplicar la medidas que genera la extinción del convenio y no lo hace”.
Los monjes benedictinos y el Valle de los Caídos
La historia que tiene como protagonistas a los monjes benedictinos y el Valle de los Caídos se remonta a 1958, en pleno franquismo. Desde ese año estos, que pertenecen a la Orden religiosa de San Benedicto, pasan a habitar el lugar mandado construir por Franco, obedeciendo a lo que dicta un convenio del mismo año que tendrá duración indefinida y que se mantendrá mientras que los monjes cumplan con los compromisos que aparecen en el mismo.
El documento, firmado entre ellos y la Fundación de la Santa Cruz exige que la congregación acumule como mínimo a veinte monjes y sus respectivos novicios, a gestionar la biblioteca y desarrollar planes de estudio -entre otras cuestiones- y, además de misas diarias, a conmemorar varias fechas de exaltación patria, como el 20 de noviembre (“Misa solemne de Difuntos por todos los Caídos de nuestra Cruzada”) o el 1 de octubre (“Misa solemne por su Excelencia el Jefe del Estado”).
Dicho convenio nunca ha sido modificado, aunque sí lo hizo la Fundación de la Santa Cruz, que desde 1982 y ya en democracia pasó a ser dependiente de Patrimonio Nacional. En la actualidad depende de Ministerio de Presidencia.
2015, la fecha clave
La fecha clave para la petición de ARMH es el 15 de octubre de 2015, cuando se publica en el BOE la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. La dicha normativa contempla la prórroga automática de los convenios indefinidos y se otorga un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para ser renovados o, de lo contrario, como ha sucedido, deberían haber quedado exentos de validez el 2 de octubre de 2020.
