El Partido Popular y diversos grupos profranquistas están bloqueando las exhumaciones del Valle de los Caídos a las que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio luz verde tras levantar la medida cautelar que impedía ejecutar el plan de desenterrar miles de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en manos del PP, se ha negado a conceder la licencia de obra necesaria para empezar los trabajos, que se pueden aprobar desde el pasado mes de junio después de que fuera notificada la sentencia del TSJM, tal y como ha publicado este lunes el diario El País.
Precisamente, el Consistorio alega que todavía cabe recurso contra esta decisión, por lo que se ha negado a facilitar este último trámite que permitiría la exhumación de más de 100 familias que llevan años luchando para recuperar los restos de represaliados enterrados allí sin consentimiento.
Querella contra la alcaldesa
Así, los familiares han anunciado que están preparando una querella por prevaricación contra la alcaldesa, Carlota López Esteban, quien sostiene que la sentencia "no es firme" ya que cabe recurso de casación con ella. Un informe jurídico del municipio demuestra que el pasado 21 de junio fue notificada la resolución, que afirmaba que la licencia se concede para un proyecto técnico que facilite los accesos a las criptas, "manteniendo el uso del resto del complejo" sin que esto suponga "una transformación urbanística".
Al no provocar “situaciones irreversibles”, los magistrados concluían que "no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística". De esta forma la sentencia anulaba la decisión previa del juzgado contencioso-administrativo número 10 de Madrid, que había atendido los recursos presentados por grupos profranquistas y antimemorialistas.
Ante esto, familiares de los afectados han enviado sendas cartas a la primera edil en las que le explican cómo llegaron los restos de sus allegados al Valle de los Caídos, “tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver" y le recuerdan que Patrimonio Nacional les reconoció en 2020 su derecho a recuperar los restos.
Recursos de grupos profranquistas
"Nuestros derechos no se están haciendo efectivos por actuaciones de muy dudosa legalidad, pues en estos momentos no existe disposición judicial alguna que impida la concesión de la licencia", afirman en la misiva, que concluyen asegurando que no se van a rendir y solicitan que no se pongan más obstáculos "en cumplimiento estricto de la ley".
San Lorenzo de El Escorial concedió la licencia de obra para iniciar las exhumaciones hace más de un año pero diferentes grupos profranquistas y antimemorialistas presentaron una oleada de recursos para intentar suspender la licencia. Ahora, el Ayuntamiento ha sucumbido a estas peticiones y mantienen paralizado el proceso para devolver los cuerpo de casi 34.000 represaliados a sus familias. El plan contempla adecentar las criptas y el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2021 una partida de 650.000 euros para todo este procedimiento.
