Este martes el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, un organismo paneuropeo no dependiente de la Unión Europea y que integra a 47 países, ha publicado un informe criticando el trato que reciben los reos en las prisiones españoles. Así lo ha publicado eldiario.es, que se hace eco del documento, que se trata de la plasmación de una investigación iniciada por el CPT en varias cárceles españolas, hospitales psiquiátricos y un centro de detención de menores.

Según el CPT, las autoridades españolas han de mejorar mucho las condiciones y el trato que reciben los convictos. A su juicio, se han de tomar "medidas decididas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos se investigan de forma eficaz".

En el caso de los pacientes en hospitales psiquiátricos, la conclusión del Comité no difiere: deben cercarse los malos tratos que reciben por parte de los agentes policiales.

El informe recoge que "la mayoría de las personas entrevistadas durante la visita afirmaron que los agentes los habían tratado correctamente"; no obstante, la delegación del CPT "recibió un número significativo de denuncias de malos tratos". Las acusaciones vertidas son "principalmente contra la Policía Nacional”, relatando “bofetadas, puñetazos y patadas, así como, ocasionalmente, el uso de porras con el supuesto fin de obligar a las personas a proporcionar información, confesar delitos o castigarlas por el presunto delito cometido".

El Comité lamenta que se han recibido numerosas denuncias que consideran “consistentes y creíbles” con respecto a funcionarios de prisiones, explicando que les propinan bofetadas y puñetazos: "En varios casos, los presuntos malos tratos fueron respaldados por lesiones documentadas por la delegación o anotadas en el historial médico de la persona". En este sentido, el comité "enfatiza la importancia de una adecuada supervisión y capacitación de los agentes". La delegación también recibió "varias denuncias creíbles de personas a las que se les había sometido las plantas de los pies a repetidos golpes de bastón, un método de tortura conocido como falaka".

"El maltrato parece ser una reacción punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos. Abordar ese comportamiento requiere una supervisión más rigurosa por parte de la dirección, la formación del personal en técnicas de control, contención y desescalada, la documentación precisa de todas las lesiones y la denuncia inmediata de todas las denuncias de malos tratos a las autoridades fiscales", cita el documento.

Perspectiva de género

El CPT pide para las reclusas "un enfoque específico de género que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en relación con la gama de actividades que se ofrecen, y la adopción de una política para prevenir los actos de autolesión".

Además, se censura también el tratamiento que se ofrece a los pacientes en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (PPH) investigados, el de Alicante y Sevilla: “Deben gozar de plena separación institucional y funcional del servicio penitenciario y estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud. Paralelamente, debería haber un cambio de paradigma en el tratamiento de los pacientes forenses basado en los principios del tratamiento individualizado, alejándose del enfoque actual basado en la farmacoterapia".