A pesar de los avances legislativos, las campañas de concienciación y el creciente rechazo social, los crímenes machistas continúan siendo una lacra persistente en España. Así lo constata el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revela datos alarmantes sobre la violencia de género en el país.
Desde el año 2008, un total de 1.292 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según cifras oficiales. Aunque el número anual de víctimas ha experimentado una ligera tendencia descendente, el volumen sigue siendo inaceptable en una sociedad democrática. Solo en el año 2024 se registraron 48 asesinatos, lo que equivale a casi una víctima por semana. Estos datos ponen de manifiesto la persistencia de un problema estructural que afecta a todos los ámbitos de la sociedad.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es que 15 de las 48 mujeres asesinadas en 2024, el 31,2%, habían presentado previamente una denuncia formal contra su agresor. Este dato refleja una realidad inquietante: muchas mujeres continúan desconfiando del sistema judicial o sienten que sus denuncias no son tomadas con la seriedad que requieren. La baja eficacia de algunas medidas de protección y la insuficiente coordinación institucional siguen siendo asignaturas pendientes del sistema.
La violencia machista no solo acaba con la vida de mujeres, sino que también afecta gravemente a los menores. Desde que comenzaron a registrarse oficialmente estos datos en 2013, un total de 62 niños y niñas han sido asesinados por sus propios padres, en su mayoría biológicos. Solo en 2024, nueve menores murieron víctimas de esta violencia. En siete de esos casos, los autores fueron los padres biológicos y, en dos de ellos, las madres también fueron asesinadas. Estos crímenes, además de atroces, suponen una forma extrema de violencia vicaria, utilizada por el agresor para hacer daño a la madre a través de los hijos.
El informe también proporciona datos sobre el destino de los agresores tras cometer los crímenes. El 25% se suicidaron después del asesinato, un fenómeno que pone en evidencia no solo la gravedad del acto, sino también la desesperación o la intención de evitar consecuencias penales. La edad promedio de los agresores que se suicidaron en 2024 fue de 53,3 años, y en el 66,7% de los casos utilizaron un arma de fuego para quitarse la vida. En cuanto al resto de los agresores, el 51,1% fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, mientras que el 12,1% se entregaron voluntariamente.
El Consejo General del Poder Judicial anima a las víctimas a denunciar
En respuesta a estos datos, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un llamamiento tanto a las mujeres que sufren violencia de género como a su entorno familiar y social. La institución insta a denunciar cualquier señal de maltrato y a confiar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, recomienda solicitar medidas cautelares de protección desde el mismo momento en que se presenta la denuncia, como una vía crucial para prevenir tragedias.
No obstante, diversas organizaciones feministas y colectivos de juristas alertan de que no basta con exhortaciones: reclaman una mayor dotación de recursos, una mejor formación en perspectiva de género para jueces y policías, y una revisión crítica del sistema judicial que, en muchos casos, sigue sin dar una respuesta eficaz ni preventiva ante los casos de violencia machista. El desafío sigue siendo mayúsculo: salvar vidas antes de que las cifras sigan engrosando una estadística que ya resulta insoportable.
