A las 00.00 horas decae en España el estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez hace seis meses. A partir de ahora, serán las Comunidades Autónomas las que apliquen las medidas que consideren pertinentes para frenar la pandemia en función de la situación epidemiológica de cada una de las regiones.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha recalcado en diferentes ocasiones que cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para hacerlo. Sin embargo, varios gobierno autonómicos, principalmente los liderados por el Partido Popular, ya han alzado la voz contra la finalización de este instrumento excepcional que ha estado en vigencia, desde que se inició la pandemia casi diez meses.
Algunos tribunales ya han avalado las restricciones previstas por las administraciones regionales. No obstante, otros como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado que no pueden mantenerse en Euskadi los confinamientos autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno y el límite de agrupaciones de cuatro personas. Esgrime que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
Por el contrario, sí se ha aprobado la decisión del Gobierno balear de limitar los desplazamientos de circulación por vías públicas entre las 23:00 horas y las 06:00 horas y establecer controles para la entrada a la comunidad autónoma con pruebas que deben sufragar los pasajeros si no se desplazan por motivos justificados; medidas estas que son de facto un toque de queda y un cierre perimetral..
Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado las limitaciones a la movilidad nocturna, a las reuniones sociales y/o familiares y al aforo en los lugares de culto acordadas por la Generalitat.
Recurso al Tribunal Supremo
Para evitar este tipo de disparidades, el Gobierno ha aprobado un decreto por el que el Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre qué derechos pueden restringirse, una norma a la que el gabinete jurídico del propio tribunal ha respondido con un informe en el que plantea una serie de problemas procesales y apunta a una "posible insuficiencia".
