El descarrilamiento del tren que realizaba el trayecto de Málaga a Sevilla, a su paso por la localidad sevillana de Arahal, provocando 35 heridos, nos ha hecho recordar el fatídico 24 de Julio de 2013, en donde el Alvia 04155 que cubría la línea entre Madrid y Ferrol, descarriló en la peligrosa curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela, sesgando la vida de 80 personas y dejando a 144 heridas.

En el siniestro ferroviario andaluz, ha sido la pericia del maquinista y el no haber chocado contra un puente próximo, el que ha evitado una tragedia colectiva como la que se produjo en Santiago hace más de cuatro años.

Bruselas: el principio del fin para las víctimas

En todo este tiempo en el caso del accidente de Angrois todavía continúan muchas dudas por resolver. Tras una incansable lucha judicial e institucional de los familiares, no fue hasta julio de 2016 cuando se conoció el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, que pedía repetir las pesquisas porque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que conforma el órgano colegiado de la órbita de Fomento, no habían sido "independientes". En enero de 2017, las víctimas comparecieron en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Tras sus intervenciones, Bruselas reclamó al gobierno español una nueva investigación con la supervisión de la Comisión Europea. Con posterioridad, se produce un nuevo vuelco judicial en España, ya que el instructor de la causa Andrés Lago, tras haber imputado solo al maquinista, investigaba a Andrés Cortabitarte (ex director de Seguridad de ADIF, por los delitos de 80 homicidios, además de lesiones por imprudencia grave, al no haber evaluado los riesgos de la curva donde se produjo el accidente, después de la decisión de prescindir del sistema ERTMS de control y frenado de emergencia, existiendo escritos sobre los peligros. A pesar de los recursos que hubo en contra, la Audiencia Provincial de A Coruña los rechazaba y reafirmaba la decisión del juzgado compostelano. Días antes de este dictamen el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, decidía ampliar la causa un año y medio para seguir investigando y pedir nuevos informes que solicitaban las víctimas y el abogado del maquinista.

La perseverancia de la asociación de víctimas también daba sus frutos a nivel político y días antes de la celebración del cuarto aniversario PSOE y Unidos Podemos impulsaban una comisión de investigación sobre este accidente en el Congreso de los Diputados, después de haber sido rechazado en reiteradas ocasiones tanto en el Parlamento de Galicia como en la Cámara Alta.

Víctimas de una tragedia y de las Administraciones

Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, afirma a este medio que “a mayores de la desgracia que puedas tener como herido o como familiar de fallecido es que los diferentes gobiernos, traten de ocultar la verdad, de manera que para ellos es un sufrimiento añadido”. En un primer momento, continúa el representante “las víctimas somos cómodas la primera semana para hacerse una foto las autoridades, pero cuando quieres saber más y dices que hay cosas mal hechas a nivel de infraestructuras, lo que pretenden es silenciarnos y poner todos los medios del aparato del Estado, para que no se sepan las verdaderas causas del accidente”. El resto de secuelas, como las pérdidas, añade Jesús “la superas con tus seres queridos, lo triste es que el Estado reaccione de esa manera en todos los accidente que ha habido en España”.

En este, al igual que en otros muchos casos, como las víctimas del Yak 42 o de las metro de Valencia, hacemos nuestras las palabras que muchos padres que han perdido a sus hijos, narran a Jesús Domínguez:

“Hemos enterrado a nuestros hijos, pero no queremos enterrar la verdad”