La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha revertido las acusaciones vertidas por la juez Carmen Lamela sobre los seis miembros del grupo anarquista vegano madrileño llamado Satraight Edge (SXE), a quienes, en su auto, les acusó de constituir un comando terrorista que almacenaba explosivos y asaltó sucursales bancarias, según publica el diario El País. La magistrada estipuló hasta 35 años de cárcel, amparada por la reforma del código penal por la que cualquier hecho violento que pretenda subvertir el orden institucional podría ser considerado terrorismo.

Según El País, la Fiscalía ha desmontado esta versión y solicita ahora dos años de cárcel ya que únicamente mantiene una petición de prisión por enaltecimiento de terrorismo en varios tuits. A su juicio, no está probado el almacenamiento de explosivos caseros ni el ataque a sucursales bancarias. Y es que, Lamela interpretó que la tenencia de algunos productos de limpieza y caldo de lombarda indicaban una pretensión a construir artefactos explosivos caseros.

Uno de los detenidos, Juan Manuel Bustamante Vergara, conocido como Nahuel, ya ha pasado un año y cuatro meses en prisión.

Con la retirada de la acusación popular, una sucursal, solo quedan los tuits y los mensajes publicados en la web del grupo SXE. En ellos, se alude a asuntos generales, pero recogen alegatos tan concretos como “arderán vuestros cajeros”, “muerte al capital”, “capitalismo asesino", o incluso algunos referentes a Dragon Ball: "Goku vive, la lucha sigue". Estas publicaciones, algunas, fueron acompañadas de imágenes de sedes bancarias.

En el auto de acusación también se hace referencia a un vídeo publicado en Youtube donde varios encapuchados justifican la violencia en manifestaciones y la quema de contenedores de basura.

La defensa de los acusados asegura que “se demuestra una vez más que este tipo de operaciones solo buscan desarticular colectivos disidentes y de paso recopilar información para la inteligencia policial”, y añade: “El resultado judicial es lo de menos para la policía, porque de hecho todas las operaciones de este tipo han acabado encallando en la Audiencia Nacional por ausencia de pruebas de comisión de delitos”.