Cada movimiento de la política española es escrutado con detenimiento en Cataluña para intentar ver cómo afecta a “lo nuestro”, siendo en estos momentos “lo nuestro” la evolución del diálogo entre el gobierno central y el gobierno autonómico de la Generalitat. Tras la profunda crisis de gobierno materializada por Pedro Sánchez, todas las miradas se centran en la afectación que la decisión del presidente del gobierno va a tener en el PSC, el primer partido en el Parlament y el socio fraternal del PSOE. El mensaje de Sánchez no parece haber sorprendido a los socialistas catalanes: vuestras tesis son las mías pero vosotros no podéis protagonizar el diálogo en nombre del Estado.

Hace tiempo que el PSC no disponía de dos ministros que vienen a sumarse a la presidencia del Congreso. Sin embargo, toda la atención de la resolución de la crisis se centró en este sentido en la salida de Miquel Iceta de Política Territorial en dirección a Cultura, un ministerio muy dado a las relaciones institucionales pero alejado de la relación directa con el diálogo emprendido con la Generalitat.  Iceta había empezado a preparar la inminente reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, prevista para el 2 de agosto, justo cuando conoció su traspaso ministerial. El papel de interlocución recae ahora en Isabel Rodríguez, ministra y portavoz del ejecutivo del PSOE-Unidas Podemos.

Nada hace pensar que la posición del gobierno Sánchez respecto del diálogo con la Generalitat vaya a cambiar a corto y medio plazo. En resumen, esta se describe así: mucho interés en profundizar en las posibilidades que ofrece la comisión mixta para tomar compromisos de inversión o mejoras competenciales para la administración catalana y mucha paciencia en el desarrollo de la mesa de negociación con el gobierno independentista, sabiendo que el interés central del gobierno de Pere Aragonés es utilizar este escenario como caja de resonancia de sus consignas preferidas, la amnistía y la autodeterminación.

La comisión mixta o bilateral de las dos administraciones se reunirá de inmediato; la mesa de negociación queda para septiembre, a la espera de comprobar la receptividad de los partidos independentistas a la propuesta de Salvador Illa de creación de una mesa catalana dónde consensuar los temas que vayan a presentarse a la mesa española. Esta es la maniobra del PSC para proteger a Pedro Sánchez de una mesa de diálogo diabólica que solo sirva para justificar una reedición del Procés, tras escenificar el fracaso cantado de unas reclamaciones inasumibles.

No parece que exista ninguna brecha entre la estrategia del PSOE y el PSC en su relación con el independentismo y sus planes de futuro para Cataluña. Lo que hay es una incomodidad manifiesta por parte de un sector del PSOE y de la opinión pública a visualizar una negociación política en la que los socialistas catalanes aparezcan como representantes del Estado. Tal aprehensión se corresponde con el recelo del independentismo, especialmente visible en ERC a que el PSC, y en especial Miquel Iceta, tenga demasiado protagonismo en el diálogo. Lo de ERC e Iceta viene de lejos, solo hay que recordar la intransigencia de los republicanos a permitir su designación como senador en representación del Parlament, impidiendo su acceso a la presidencia de la cámara alta.

El intento de minimizar el papel de Salvador Illa responde a la coyuntura. El PSC es el primer partido en el Parlament, su influencia institucional es inevitable para renovar los más de 170 cargos de elección parlamentaria, desde el Síndic de Greuges al consejo de administración de TV3 y Catalunya Ràdio, sin embargo, los partidos independentistas no están dispuestos a reconocerle su papel en la salida del conflicto catalán. Prefieren al PSOE, quien comparte la tesis del PSC de considerar la reconciliación interior de Cataluña como paso imprescindible para negociar con el Estado.

Además de las tesis políticas, el presidente Sánchez ha otorgado al PSC las llaves para el acceso a la inversión pública del Estado de los sectores económicos catalanes. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, antes denominado de Fomento; AENA, RENFE y el Ministerio de Cultura son los poderosos instrumentos de los que se ha dotado al PSC para reafirmar su peso político en Cataluña, confirmándose como interlocutor privilegiado de empresarios y emprendedores aunque esto vaya acompañado de una limitación de su protagonismo en la política española.