Tras un sinfín de amenazas y a pesar de que el propio documento albergaba una clausula de discreción entre las partes, el hartazgo de Vox ante la impasibilidad de sus socios de Gobierno y la negativa a incluirlos en los diferentes equipos de Gobierno municipales ha provocado que la extrema derecha, después de avisar reiteradamente sobre la posibilidad de hacerlo, haya hecho público el acuerdo firmado por Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith. El secretario general del PP y el portavoz de los de Abascal sellaron un acuerdo en el que se puede ver claramente que, a pesar de la infoxicación popular, Vox tenía razón.

El escrito habla por sí mismo, es categórico, acepta incluir a los dirigentes propuestos por la extrema derecha e incluso habla de reparto proporcional. Todo en una segunda medida que, teniendo en cuenta que los dos plenipotenciarios enviados por las diferentes formaciones rubricaron con su firma, convertía esta colaboración en una hoja de ruta común y sin medias tintas.

“Que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP – Cs – Vox, y en el plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de la investidura, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población”, reza la medida.

 

Ahora, los populares ponen sobre el papel puestos intermedios (juntas de distrito) como forma de paliar el desentendimiento existente entre los ultras y Ciudadanos. Dos formas de analizar una misma realidad porque el PP, de la mano de su comité negociador, malversó en sus encuentros paralelos y en un ejercicio de sinapismo sobre la bocina dijo lo que querían escuchar a ambos.

La experiencia es un grado. Ellos lo saben, y Martínez Almeida, pese al runrún que se instala entre los ultras, es alcalde de Madrid con la coparticipación a la hora de investirlo de sus homólogos en la derecha. Ahora de nada sirven las plañideras ni las quejas. Los azules saben que los ultras tienen al electorado más politizado del espectro, por lo que un voto contrario a los intereses de la derecha supondría una auténtica hecatombe para Abascal y su equipo.

Por su parte, Espinosa de los Monteros evidencia un desencanto generalizado de su formación: “Vox no ha venido a la política española a calentar sillones. Ante la constancia de que los que parecían socios no son de fiar, nuestro Comité Ejecutivo rechaza ocupar ningún cargo de responsabilidad, de ningún tipo, en todos aquellos lugares en los que se haya incumplido nuestro pacto”, ha alegado este martes en el Congreso de los Diputados.

¿Romper filas y pagar el precio del votante descontento o ceder ante el resto de socios y quedar relegados a la inoperancia? Difícil la encrucijada que tiene Vox por delante. Tocará decidir entre el discurso rupturista o el uso de sus votos y pretensiones como forma de apuntalar a un Partido Popular que se ha reído de todos.