El Congreso de los Diputados no ha sido capaz de aprobar una declaración institucional para condenar la marcha neonazi de Chueca del pasado sábado. Todos los partidos del hemiciclo habrían aceptado el texto menos Vox, lo que impidió que este saliera adelante.  Por el contrario, y según adelantaba Unidas Podemos, la formación de Santiago Abascal habría propuesto una alternativa.

En ella, la el partido ultra planteaba que la Cámara Baja rechazara “todas y cada una de las expresiones insultantes, injuriosas o vejatorias contra cualquier persona por razón de su nacimiento, raza, religión, sexo u orientación sexual”. Entre estas expresiones entrarían, por ejemplo, las manifestaciones a favor del rapero Pablo Hasel y el uso de la etiqueta “fascista” para referirse al grupo ultra.

“Condenar unas agresiones y no hacer lo mismo con otras quebrantaría uno de los principios básicos de la Constitución: la igualdad de todos ante la ley”, advertía la formación ultra. A renglón seguido, el partido proponía que el Congreso denunciase que algunas “expresiones de odio e  intolerancia” encuentren el respaldo de otros partidos, en concreto “las manifestaciones y disturbios convocadas a favor de Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona; el uso de la etiqueta “fascista” para referirse a los seguidores de un partido democrático que representa a más de tres millones de españoles o la difusión de bulos y falsedades contra fuerzas políticas democráticas”.

Vox y PP rechazaron la declaración en Madrid

No es el único lugar donde el partido de extrema derecha ha tomado esta decisión. En una línea similar y acotando el espacio a la Comunidad de Madrid, Vox y PP también decidían esta semana no apoyar una declaración institucional en la Asamblea madrileña para condenar la marcha neonazi.

A nivel nacional, Abascal criticó la manifestación en la que se lanzaron proclamas como “fuera maricas de nuestros barrios” o “fuera sidosos de Madrid”, pero tanto él como su partido insinúan que se debe a un bulo perpetrado desde el Gobierno. A nivel regional, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señala directamente al Ejecutivo por permitir la concentración una semana después de asegurar que la homofobia “está en la cabeza de la izquierda".

Las asociaciones neonazis se enfrentan a la disolución

La Delegación del Gobierno en Madrid señalaba a principios de semana que los organizadores de la concentración se enfrentaban a multa de 600 y 800 euros, estos segundos por quebrantar la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pero la pena podría ser ampliamente mayor si la Fiscalía considera finalmente que los participantes concurrieron en un delito de odio. De este modo, y teniendo en cuenta la media impuesta en los juzgados españoles y que la sanción prevista es de entre uno y cinco años, las asociaciones neonazis que organizaron la marcha podrían tener que abonar entre 3.650 euros de mínima y 18.250 de máxima (una sanción de 10 euros de cuota diaria). Incluso, tal y como cuenta en otro artículo ElPlural.com después de consultar fuentes jurídicas, dichas asociaciones podrían enfrentarse a su disolución.