Continúan aflorando polémicas en el seno del Ayuntamiento de Marbella. El consistorio de la localidad malagueña regularizó, a fecha 11 de septiembre de 2014, mediante un decreto firmado por el concejal del Partido Popular José Eduardo Díaz Molina, un lavadero de coches en el aparcamiento Los Cipreses, cuyo titular era la empresa Autocobermar SL, propiedad del comisario José Manuel Villarejo.
El problema se halla en que este negocio había sido clausurado meses atrás porque el Ayuntamiento consideraba que esta actividad no se ajustaba a la normativa vigente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Díaz Molina, que ahora ocupa el cargo de concejal de Seguridad Ciudadana y quinto teniente de alcalde de Ángeles Muñoz, también firmó, el 3 de enero del mismo año, otro decreto en el que ordenaba en base a un informe jurídico el cierre del mencionado lavadero de vehículos.
A su vez, se tiene constancia de que el comisario Villarejo plasmó en sus agendas las gestiones que realizó en el Ayuntamiento de Marbella. Textualmente, Villarejo apuntó a fecha 5 de septiembre de 2014: "Recuerda lo de la Junta del jueves. La licencia del parking ya está en ello". Un críptico pero, a la vez, revelador mensaje que deja intuir que se estaba llevando a cabo algún tipo de procedimiento para revertir el cierre del lavadero.
Por otra parte, el comisario anotó el 28 de febrero de ese mismo año sus impresiones tras una reunión con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con la que se tomó un café. “Muy amable y receptiva. Estuvo en el club de golf de los suecos. Quedamos en vernos en breve”, escribió Villarejo. Una grabación del propio ex alto mando policial reveló también que informó al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de que había advertido a la alcaldesa marbellí y senadora del PP de que tuviera cuidado con las actividades delictivas de su marido, el recientemente fallecido Lars Gunnar Sune Broberg, procesado por delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico. Sin embargo, la primer edil ha negado siempre que esa reunión con Villarejo llegara a producirse.
Giros drásticos de pensamiento
Según publica EPE, existe cierta documentación que demuestra el cambio en la actuación de José Eduardo Díaz Molina. La mutación se basó, según consta en el expediente, en un "informe jurídico firmado el 9 de septiembre de 2014 por el jefe de servicio de Comercio, Industria y Vía Pública del Ayuntamiento que corregía el que había realizado él mismo el 21 de marzo, en sentido contrario". Díaz Molina elaboró el primer informe cuando todavía era Técnico de Administración General adscrito a la Delegación de Industria, Comercio y Vía Pública.
En primera instancia, el técnico se opuso a reactivar el negocio de Villarejo al probar que la ubicación en la que se emplazaba el negocio de Villarejo se encontraba bajo la categoría urbanística de "Parque Urbano-Sistema de Espacios Libre (Yacimiento arqueológico)". De esta forma, el uso que se permitía para dicha infraestructura era el deportivo y de servicios de interés público y social. Este era el motivo por el que este funcionario aseguró, en su primer informe, que el lavadero "no se ajustaba a la normativa aplicable a la zona".
En este primer documento, el negocio de Villarejo estaba tajantemente prohibido, e incluso se defendía que el lavado de coches en ese aparcamiento incurría en una "actividad irregular o clandestina", y de acuerdo con ello la Administración municipal impuso el cese de la misma.
Por otra parte, en septiembre de 2014, coincidente con las anotaciones de Villarejo en sus agendas, se informa de que un apartado del Plan General de Urbanismo de Marbella, cuyas propias normas habían servido para cesar la actividad del lavadero de coches, incluía un apartado que rezaba textualmente: "Se admite, con carácter general, el lavado de vehículos". Siendo conocedor de ese ladillo, el funcionario oportunó que este artículo "reconocía la posibilidad de ejercer dicha actividad y, por tanto, que se deje sin efectos la orden de cese dictada con fecha 3 de enero de 2014".
Por otra parte, surgieron suspicacias alrededor de Rafael Redondo. El que fuera socio del comisario y que también está imputado en múltiples causas en la Audiencia Nacional, se habría presuntamente encargado de las gestiones en nombre de Autocobermar SL, acreditando que era el representante legal de la empresa para librar a Villarejo de esta carga, o, lo que es lo mismo, ejercer de testaferro.
