"No acaba de convencer el argumento de que sus funciones solo lo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia", afirma Castro, quien le sitúa al mismo nivel que su socio, Diego Torres. Según el auto, Urdangarin controló la empresa "antes y después" de dejarla oficialmente en marzo de 2006 después de reunirse con el abogado de la Casa del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, enviado especial del Rey para instarle a que abandonara sus negocios en esta entidad, supuestamente sin ánimo de lucro.

Lo reconoce él mismo
"Por si cupiere alguna duda", añade el juez, el propio Urdangarin "vino a reconocer" haber mediado, en 2007, ante la Administración balear para que Torres y él cobrasen 400.000 euros de un pago pendiente. Antes de la "ruptura de la amistad", el duque de Palma "desarrolló negocios puntuales" con su exsocio al entender, según se desprende de su declaración, que la recomendación del Rey no lo impedía.

Sin trascendencia penal
Castro añade que no tiene intención de llamar a declarar como testigos ni al secretario de la infanta Cristina y extesorero de Nóos, Carlos García Revenga ni al conde de Fontao, porque no tiene "trascendencia penal" conocer los consejos que le dio el Rey. Sí llama a declarar a su asistenta personal desde 2007 Julita Cuquerella, quien admitió ante la Policía que hizo "algunos trabajos" para Aizóon, la empresa inmobiliaria del duque y su esposa.

Aboca al duque al banquillo
El editorial de El Mundo destaca que este auto de Castro supone un "salto cualitativo en la investigación, y aque aboca -si no surgen nuevos elementos- a sentar a Urdangarin en el banquillo, dado que refutaq su versión en base a los testimonios recabados y a la documentación incautada".

Posible fianza de 2 millones
Por otra parte, según revela Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción estudia la posibilidad de solicitar una fianza de responsabilidad millonaria para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, una vez la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro. Se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros.