Unidas Podemos se precipitaba al abismo de la ruptura interna. Las negociaciones de PSOE y PP elevaban los rumores de acuerdo sobre el CGPJ y las familias que conforman el espacio morado se dirigían hacia una sanguinaria guerra. De un lado, el núcleo duro afín a Pablo Iglesias con Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Echenique al frente. Del otro, Yolanda Díaz, Joan Subirats y Enrique Santiago. Unos supeditaban su apoyo a la designación de Vicky Rosell para el CGPJ, mientras los otros, abogaban por perfiles menos politizados como Joaquín Urias para no consumir la legislatura sin renovar el órgano de Gobierno de los jueces. El acuerdo era inminente y en UP ya retumbaban los tambores de guerra, pero Alberto Núñez Feijóo sucumbió a las presiones de la derecha más reaccionaria, suspendió las conversaciones y, de facto, alejó la sombra de la contienda.

Tal y como publicó ElPlural.com, así como otros medios, el CGPJ ha avivado los fuegos internos morados. En su momento, Pablo Iglesias designó a Enrique Santiago (IU), ex secretario de Estado para la Agenda 2030, como el encargado de velar por los intereses del espacio confederal en las negociaciones de Félix Bolaños con el PP. Aquellas conversaciones quedaron en nada, pero cuando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se dieron “un último intento”, las familias volvieron a reunirse y acordaron reeditar responsable. Santiago no estaría en la mesa negociadora, pero despachaba con Bolaños y Podemos podría nombrar a sus dos candidatos. He aquí el problema.

Los diferentes sectores de Podemos pactaron no revelar sus nombres hasta que el acuerdo se concretara para así evitar vetos de Génova. No obstante, el nombre de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no tardó en filtrarse. En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados celebrada el pasado martes, Echenique censuró en “la cacería” del PP contra Rosell, a la que "ya intentaron destruir con un juez corrupto que ya está en la cárcel”. “No tiene sentido que Vicky Rosell no pueda ser vocal”, abundó, recordando que “el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, no imparte sentencias; sino que es un órgano político de gobierno de los jueces”. Además, “es un insulto a la inteligencia que el PP, que ha mantenido secuestrado el CGPJ y pretendía controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás, hable de despolitizar la Justicia. Todos los candidatos van a tener un fuerte e intenso perfil político”.

En sintonía con él, Irene Montero, quien el miércoles aseguró que no iban a “tolerar” el veto de Génova a Rosell y llevarían “hasta las últimas consecuencias” su candidatura porque es “la mejor candidata”. La diferencia entre sus intervenciones y la de la líder de Sumar es más que evidente: “Se está negociando y no van a tener de mí nada más que discreción”.

Diametralmente opuesta fue la posición de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo y líder de Sumar mantuvo mutismo absoluto hasta que, durante unas jornadas sobre la reforma laboral, la prensa se interesó por su opinión: “Se está negociando y no van a tener de mi nada más que discreción”.

Eso en público. En privado, Díaz ya había escogido candidato, según adelantó El Periódico de España. Se trataba del profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, quien se presentó a las primarias de Podemos en 2015. El aspirante ya había recibido el beneplácito tanto de socialistas como de populares, puesto que atesora experiencia como letrado en el Tribunal Constitucional y su perfil ha permanecido alejado de la política desde entonces. Ha participado en eventos como la Fiesta de la Primavera organizada por el partido morado, acto al que no acudió la vicepresidenta segunda, pero no ha accedido a ningún cargo orgánico.

Mientras Yolanda Díaz facilitaba el entendimiento entre el bipartidismo para renovar el caducado CGPJ, sus compañeros de filas no hacían sino llevar la tensión a su punto de ebullición. No había más que escuchar a Pablo Iglesias para adivinar que había una guerra interna abierta. El exvicepresidente segundo y exsecretario general de Podemos denunció en su podcast que la izquierda “pudiera llegar a ceder a la presión política de PP y PSOE y a la presión mediática de la derecha y de la progresía” y "entregar la cabeza de Victoria Rosell al PP”.

Una ventana de oportunidad

Ante la ruptura de las conversaciones, Echenique ha aprovechado la ventana de oportunidad para cortejar al PSOE y repescar aquel consenso que abandonaron: rebajar la mayoría del Congreso necesaria para designar los vocales del CGPJ. Los morados esgrimen que los 3/5 que se requieren tenían sentido “en la época del bipartidismo” para evitar un CGPJ monocolor; pero ahora, una mayoría absoluta sería suficiente: “Es más de lo que se pide (mayoría simple) para la investidura del presidente del Gobierno”.

“En estos momentos hay en el parlamento una mayoría progresista perfectamente viable para acometer esta reforma y el PSOE llegó a firmar algo muy parecido con nosotros”, razona Echenique en su cuenta de Twitter, y advierte: “Si no damos un golpe en la mesa, se perpetrará uno de los golpes sediciosos a la democracia más graves de los últimos 40 años: el secuestro de uno de los tres poderes del Estado durante toda una legislatura entera”.