Resuenan tambores bélicos en Moncloa. El ala socialista del Gobierno se ha abierto a revisar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley solo sí es sí) después de que varios tribunales madrileños rebajaran las penas impuestas a agresores sexuales de menores escudándose en que aplican la nueva ley, vigente desde el pasado 7 de octubre. Desde Bali, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido respeto para la Justicia. “Dejemos trabajar a los tribunales”, ha aseverado, mensaje diametralmente opuesto al vertido por Unidas Podemos, que censura que los jueces no están aplicando correctamente la ley, sino que están haciendo una interpretación machista. Los socialistas estudiarán las presuntas lagunas de la ley solo sí es sí para aquilatarla y evitar reducciones de condenas, mientras los morados censuran que eso sería “una barbaridad” porque el articulado está perfectamente diseñado y es garantista, siendo la interpretación machista de los jueces y el origen de algunas sentencias el único problema a solventar mediante la formación en perspectiva de género para los magistrados.
El caso de un padrastro que introdujo el pene en la boca de su hijastra de 13 años mientras dormía ha hecho saltar todas las alarmas. El hombre fue condenado en julio del 2012, con el anterior Código Penal, a ocho años de prisión, la pena mínima por abuso sexual a menores de 16 años con acceso carnal. La máxima contemplada entonces era de 12, 15 si el juez hubiera considerado que existió violencia o intimidación. Sin embargo, optó por la mínima, de ocho años, argumentando que las penas “ya son de por sí elevadas”. Su abogado, tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, se agarró a que el castigo mínimo de la nueva norma para el delito de agresión sexual con penetración (antes abuso) pasaban de ocho años a seis. El tribunal estudió el caso y le redujo la pena en dos años.
La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell (Unidas Podemos), ha denunciado que ese caso concreto parte de un defecto en origen, puesto que “es un evidente abuso de superioridad practicar una relación con una niña”, por lo que la condena debió haber sido mayor. Pero además, recuerda que la ley del solo sí es sí no contempla la rebaja de las penas mínimas como algunos magistrados están interpretando y “voces interesadas” se esfuerzan en vender. “No digan que el CGPJ lo advirtió, porque no es cierto”, ha exhortado en los pasillos del Congreso, recordando que “ha habido muchas reformas del Código Penal en las que se han reducido las penas mínimas sin reducir las máximas, y nunca ha pasado esto”. “La jurisprudencia del Supremo dice que si la sentencia anterior que habría sería imposible con la nueva ley, no se revisan, aunque sean a la baja”, ha precisado, abundando en la disposición transitoria quinta que aún figura en el Código Penal. Lo único que alertó el CGPJ al respecto es que “la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente”.
“Ha habido muchas reformas del Código Penal en las que se han reducido las penas mínimas sin reducir las máximas y nunca ha pasado esto”
Rosell ha descartado modificar o puntualizar la ley del solo sí es sí. Esgrime que sería una “barbaridad” porque “el problema no existe” ya que “la ley está clara y el Ejecutivo ha hecho los deberes”. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha descargado la responsabilidad sobre la torticera y machista interpretación de los jueces: “Falta que el Poder Judicial interprete la ley y se forme conforme a los estándares internacionales”. Asimismo ha avanzado que la Fiscalía General ya está preparando una circular al respecto y espera que todos los tribunales unifiquen criterios en sintonía con la jurisprudencia del Supremo de no rebajar penas mínimas.
Sobre las declaraciones de Sánchez y de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como otros ministros, en las que aceptan analizar la nueva norma, ha enmarcado en lo habitual “que si se pide una opinión rápida en un pasillo, digan que lo estudiaremos”, pero “jurídicamente esa no es la solución”.
En la misma tónica se ha movido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez: “Si se analizan los informes del CGPJ, del Consejo Fiscal de Estado y otras entidades, juristas y grupos, nadie advertía de esta situación”. “Los jueces no están cumpliendo la ley”, ha añadido, censurando que “es bastante grave que un juez no aprecie que hay superioridad o vulnerabilidad de la víctima cuando un padre intenta violar a su hija”.
Formación obligatoria
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha apuntalado el mensaje denunciando que “lo que está pasando aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí. Naciones Unidas y el comité CEDAW ya nos alerta de esta situación: los estereotipos y el machismo, pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia y estos mismos estereotipos pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”.
“Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la LOGILS, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la Justicia y, como ha dicho el presidente, esperamos también que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores”, ha zanjado Montero.
