El escándalo del supuesto caso de corrupción protagonizado por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha removido los cimientos del PSOE, hasta el punto de haber forzado la salida del diputado socialista -que se muda a la bancada del grupo mixto- pese a no estar ni imputado ni investigado por ahora en esta trama de comisiones por la venta de mascarillas en los peores meses de la pandemia. Un movimiento -el de la expulsión velada de Ábalos- que ha suscitado algunas dudas pero ha sido celebrada por Sumar, el socio de coalición del Gobierno.

Sumar apoya la salida de Ábalos

Así lo ha dicho este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una entrevista en Al Rojo Vivo, programa de laSexta. Allí, el titular fucsia del Ejecutivo ha sostenido que "este país tiene una cierta capacidad de sorprendernos". "Es un caso grave que causa bochorno por ver que, en mitad de la pandemia, hay gente que intentaba lucrarse de manera espuria", ha comenzado esgrimiendo al ser cuestionado por los "momentos convulsos" que está atravesando la legislatura. 

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Ante esto, el ministro ha defendido la necesidad de "aclarar, perseguir responsabilidades y fijar un compromiso absoluto con la limpieza y transparencia de las instituciones" dado que "lo contrario es incomprensible". Eso sí, también ha tildado de "bochorno" la estrategia emprendida por el Partido Popular ante este caso. "También es un bochorno ver al PP erigiéndose portavoz de no sé muy bien quien", ha sostenido.

Sumar se ha mantenido muy cauto con lo sucedido en el lado socialista de la coalición. Sí se han pronunciado abiertamente en contra de cualquier caso de corrupción -apoyando la comisión de investigación sobre todas las polémicas por la compra de mascarillas durante la pandemia, como la del hermano de Isabel Díaz Ayuso- e incluso pidiendo que se diriman responsabilidades, pero ahora se han manifestado a favor de la decisión del PSOE de expulsar a Ábalos del grupo parlamentario.

Ha sido al ser cuestionado por si la legislatura aguanta pese a estar presionada por la amnistía y el caso Koldo cuando Bustinduy no solo ha sostenido que "aguantará" sino que ha defendido que "son temas diferentes". A su juicio, la amnistía sigue un procedimiento parlamentario que necesita de un "acuerdo complejo", mientras lo otro es un "escándalo intolerable que requiere máxima responsabilidad".

No puede haber ni un ápice de tolerancia

Por eso ha pedido señalar a quien "cometiera la indignidad atroz de lucrarse con material sanitario" durante la pandemia para "que pague con ello", experimente la "reprobación social y se asuman las responsabilidad políticas". "Nadie entendería que ante una revelación no hubiera respuesta ejemplar y tajante. La razón de ser de aquella moción censura y del cambio de ciclo fue un mensaje claro de poner fin a un sistema de prácticas corruptas. No puede haber ni un ápice de tolerancia. Todas las respuestas tienen que hacer honor a este mandato", ha sostenido Bustinduy.

Dos leyes en cartera

En medio de la polémica por el caso Koldo, el Gobierno continúa con sus labores políticas. De hecho, en los últimos días ha vuelto a impulsar dos de las normas ya iniciadas en la anterior legislatura: la ley de familias y la ley de atención a la clientela. Dos articulados que este miércoles ha defendido el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ocupa parte de las competencias de ambas normativas, tras meses de sendos retrasos.

"En mitad del ruido intento ocuparme de lo importante, que es buscar medidas para atajar las dificultades económicas y de conciliación para formar una familia", ha sostenido Bustinduy en declaraciones en Al Rojo Vivo al ser preguntado por la primera de ellas. Ante esto ha defendido que "no puede ser que -formar una familia- dependa de la renta, del patrimonio o de heredar" sino que tiene que radicar en "la igualdad y la justicia social".

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Entre las apuestas de esta norma se encuentra la equiparación de las familias monoparentales -una de las "tareas pendientes" para el Ejecutivo- con las numerosas, lo que va a beneficiar a más de 300.000 unidades familias, tal y como ha explicado el ministro. De hecho, ha afirmado que estas familias suelen ser "monomarentales", dado que en el 80% de los casos es una mujer al cargo. Es por eso que ha tildado esta medida como "el primer paso en la protección de las familias".

Familias y mayores

Además, se establecen por ley las ayudas de 100 euros el mes para los menores de 0 a 3 años para "formalizar la prestación de una ayuda a la crianza". Eso sí, para el titular es "insuficiente", dado que "no puede ser que la cuarta economía y una democracia avanzada tolere índices de pobreza infantil" tan elevados. El objetivo es tener una prestación universal a la crianza, lo cual "no está en el acuerdo de gobierno, ni en la ley, pero lo vamos a pelear", incluso dentro de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

También se equipara a las parejas hecho y viudedad, que son cerca de 1 millón 800 mil personas, para garantizar la equiparación jurídica con los matrimonios, "reconociendo las necesidades especificas de distintos tipos de situaciones familiares en España". "Es un importantísimo paso adelante", ha dicho Bustinduy, que también ha destacado la segunda ley, sobre la atención a la clientela ante los "abusos" y las personas "desamparadas" por tiempos de atención ridículos e incluso una falta de cuidado de la mano de las máquinas. Esto afecta especialmente a los mayores.

Preguntado por cuándo será una realidad, el ministro ha puesto en valor que en esta legislatura se ha retomado los dos proyectos de ley impulsados por el que fuera ministro Alberto Garzón en el seno de una actualidad política de gran "complejidad por las mayorías parlamentarias". "El país que tenemos es así de complejo. No entendería que alguna fuerza estuviera en contra, son avances tangibles concretos de mejora para las familias que toca aspectos muy importantes", ha sentenciado.

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